El gobierno de Salta ha vuelto a reaccionar tarde y mal frente a una patología social emergente. En este caso, se trata de la delicada situación planteada en Joaquín V. González a raíz de la posible explotación sexual de tres niñas de entre 11 y 16 años. Así lo ha puesto de manifiesto la desafortunada actuación de la Ministra de Derechos Humanos del gobierno provincial, señora María Silvia Pace, quien a pesar de que el asunto es, en principio, de competencia directa del Ministerio de Seguridad, ha querido tomar la delantera mediática en el tema, sin mucho acierto que digamos.
La postura de la ministra Pace en torno a que el asunto demanda “trabajar en educación sexual”, ha sido interpretado como una afrenta al sentido común por algunas personalidades y organizaciones que, mucho antes de que la señora Pace se convirtiera en ministra, vienen demandando al gobierno provincial de Salta actuaciones consistentes en materia de protección de la infancia y la adolescencia.
Una magistrada del Ministerio Público provincial se ha manifestado sorprendida por las declaraciones de Pace a favor del trabajo en educación sexual, ya que el gobierno del que forma parte se ha venido negando de modo sistemático a poner en práctica en Salta el programa nacional de educación sexual integral contenido en la ley 26.150.
La magistrada ha recordado que, muy por el contrario, el gobierno de Salta -siendo ya la señora Pace Secretaria de Derechos Humanos- adoptó, como una de sus primeras medidas, la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas.
Otras organizaciones han considerado "un sarcasmo" la postura de la ministra Pace respecto de la necesidad de “formar a médicos y maestros como auxiliares de la justicia”. Denuncian una alarmante y notable carencia de políticas públicas en materia de protección de la infancia en general y de prevención de los abusos sexuales en particular.
Estas organizaciones han recordado a la ministra Pace que el gobierno al que pertenece sigue mirando hacia otro lado al momento de aplicar las normas tutelares de la ley nacional 20.061 de Protección Integral a los Derechos de Niños y Adolescentes, y que antes de acometer su ambiciosa operación de formación a médicos y maestros, se debería comenzar por aplicar la ley.
El Ministerio de Derechos Humanos, de muy reciente creación, carece de no solo de un aparato administrativo adecuado para atacar la problemática, sin mencionar la escasez de recursos humanos especializados en la materia. El guitarreo de la ministra Pace deja en total evidencia estas graves carencias.