En la fotografía oficial del acto de toma de posesión del nuevo Subsecretario de Juventud de Salta se puede observar, junto a la bandera nacional y a la bandera de Salta, una tercera bandera multicolor cuya presencia llama poderosamente la atención por tratarse de un espacio público. 
Si bien esta bandera, por su colorido, guarda alguna similitud con la llamada "arco iris", aquella que fuera bandera oficial del movimiento cooperativo argentino, y a la que solíamos ver en las vidrieras de algunas entidades de crédito de Salta (por lo menos lo fue hasta que se la empezó a confundir con la bandera del llamado "orgullo gay"), no se trata de ninguna de éstas, sino de una wiphala (del aymara 'wiphala', que significa emblema) que es considerada la bandera oficial del Collasuyo, así también como el símbolo étnico del pueblo aymara.Hasta donde se sabe, no ha sido en la República Argentina sino en la hermana de Bolivia en donde el uso de esta bandera ha sido impuesto de forma obligatoria -no sin un gran escándalo social y mediático- por el presidente Evo Morales, quien no sólo la ha declarado símbolo oficial del Estado sino que incluso ha dispuesto que los colores de la bandera aymara integren la banda presidencial que ciñe su pecho.
No existe ninguna norma que prohiba entre nosotros, los salteños, la utilización de esta bandera, como no está prohibido enarbolar las de Boca Juniors, la Unión Cívica Radical o Sportivo Comercio. Lo realmente llamativo es que la wiphala adorne una oficina del Estado salteño, obligado por las leyes a utilizar, de la forma en que éstas señalan, determinados símbolos "patrios".
Tampoco hay nada de malo en que alguien considere a la bandera aymara como un símbolo digno del mayor respeto por los salteños, pero ésta es una cuestión muy diferente a la de su utilización por el Estado en sus demostraciones oficiales, ya que las banderas nacional y provincial no pueden exhibirse junto a otras (y menos en condiciones de igualdad) sino en los casos (y con las formalidades) expresamente previstos en las normas protocolarias y en las leyes.
La presencia de la wiphala junto a las enseñas nacional y provincial, a la misma altura de éstas, puede ser interpretada como un intento del gobierno de congraciarse con determinadas comunidades indígenas, lo que conduce a preguntarse inmediatamente ¿por qué nuestras oficinas públicas no exhiben también banderas (o símbolos) quechuas, guaraníes, matacos, calchaquíes, chorotes, chulupíes, diaguitas, tobas o whichis?
Algunos historiadores consultados por nuestro medio se han preguntado qué sentido tiene reverenciar el incanato en Salta, teniendo en cuenta que el actual territorio de nuestra Provincia fue invadido y colonizado, cien años antes de la llegada de los españoles, por el Imperio Inca, al que se considera una potencia invasora. Otros sostienen que la etnia aymara es minoritaria entre nosotros y que el Estado no debería rendir tributo a las minorías o a las parcialidades, aunque si lo hace, debería practicar este tributo en condiciones de estricta igualdad.
Yendo un poco más allá en el razonamiento, sería justo preguntarse por qué razón no está presente en la oficina del Ministro de Desarrollo Humano la bandera de Siria, habida cuenta del enorme aporte que esta pujante comunidad árabe, relacionada con aquel milenario país del Próximo Oriente, ha hecho a la riqueza y a la cultura de Salta. O la misma bandera española, teniendo en cuenta que Salta también fue alguna vez parte del Imperio Español y que los descendientes de españoles constituyen una parte muy importante de nuestra población.
Y, si nos permite mezclar un poco las cosas, correspondería reflexionar también sobre si determinadas "tribus urbanas" no estarían igualmente satisfechas si se obrara un generoso reconocimiento "simbólico" por parte del Estado provincial, mediante la exhibición de sus símbolos y emblemas en las oficinas públicas, que "son de todos". Por ejemplo, en las dedicadas a la igualdad y a la no discriminación, podría ondear también la ya citada bandera del orgullo gay, porque -salvando todas las distancias posibles- ésta también refleja una "identidad" de raíces tan profundas -si acaso, preexistentes- a las propias raíces étnicas andinas.
Sin embargo, lo más llamativo de todo es que ninguno de los funcionarios fotografiados en el acto oficial del gobierno de Salta tiene, en mera apariencia, ninguna relación con la etnia aymara cuya bandera luce orgullosa junto las dos enseñas oficiales y en un pie de igualdad con éstas.
Ni el ministro Mastandrea, cuyos orígenes campaneses cabría rastrear más bien en la Liguria o en la Padania, ni el joven subsecretario Lecuona de Prat, descendiente de canarios (quizá guanches mas no aymaras), ni el circunspecto diputado Romero Balut, cuyos ancestros vivieron en La Pedrera unos y en el cercano Oriente de 'Las Mil y Una Noches', otros.
Sin que quede flotando ninguna duda acerca del exquisito respeto que este sitio y la mayoría de los salteños experimentamos por los pueblos indígenas hacia su historia y su riquísima cultura, nos preguntamos cuál es el "instrumento legal" que legitima al Estado provincial a colocar en sus oficinas símbolos que no son los oficiales por todos conocidos, símbolos que además -como en este caso- son oficiales de un país extranjero.
Nos gustaría que el gobierno explicara por qué motivo la Provincia de Salta -parte inescindible del Estado federal argentino, según proclama nuestra Constitución- mantiene en su cargo a funcionarios que han jurado su cargo por ella (y por los Santos Evangelios) y prometido "observarla fielmente", y que, sin embargo, en la intimidad (y no tanto) piensan que Salta todavía pertenece al Collasuyo, al Imperio Inca, o quizá también a Bolivia.
Por favor, que alguien lo aclare debidamente.
Lo deberá explicar el ministro Mastandrea, a quien se supone "dueño" de las instalaciones en donde se celebró el baile.