En menos de un mes las fuerzas de seguridad han realizado en Salta dos espectaculares operativos contra el narcotráfico, con la particularidad añadida de que en los mismos resultaron detenidos, por un lado, miembros de la Policía de Salta y, por el otro, integrantes de la Gendarmería Nacional. Otra circunstancia curiosa es que fueron policías de Salta los que detuvieron a compañeros policías mientras transportaban droga, y miembros de la Gendarmería quienes detuvieron a gendarmes que resultaron sorprendidos en idéntica faena.
Más curiosidad añade el hecho de que, tras los operartivos, las jefaturas de ambas fuerzas de seguridad, han manifestado públicamente su "orgullo" (satisfacción o complacencia) por el hecho de que los miembros de estas dos instituciones se "animaran" a detener a colegas suyos que se hallaban infringiendo la ley. En ambos casos, las detenciones de policías y gendarmes narcotraficantes han sido puestas como ejemplo de la "buena salud institucional" de los organismos comprometidos.
Las declaraciones de los jefes, a las que se añaden las de la Ministra de Seguridad del gobierno nacional y las del Ministro de Seguridad provincial, resultan sorprendentes, toda vez que las fuerzas de seguridad tienen el deber de actuar contra cualquiera que cometa un delito, sin importar en absoluto que los delincuentes sean, al mismo tiempo, policías o gendarmes.
Desde luego, se puede y se debe felicitar a quienes han realizado estos operativos y logrado detener a los agentes infieles, pero no parece lógico ni conveniente darles el tratamiento de seres excepcionales, por el hecho de haberse "animado" a actuar contra gente "del mismo palo".
Los ciudadanos confían y esperan que la policía y la Gendarmería sean capaces de ir contra sus propios cuadros cuando estos infringen la ley, sin contemplaciones, sin dilaciones innecesarias y sin hacer la vista gorda bajo ninguna circunstancia.
El último elemento curioso y ciertamente desagradable desde el punto de la rendición de cuentas es que ni antes ni después de la declaración de "orgullo" por la valiente actuación de sus efectivos, los jefes o los ministros han hecho la más mínima autocrítica respecto de la situación moral del personal a su cargo.
Imaginamos que ha de ser reconfortante para un ministro saber que sus hombres son capaces de actuar incluso contra aquellos que quebrantan la ley desde dentro de las propias instituciones, pero suponemos también que ha de ser muy preocupante enterarse que en el seno de estas fuerzas anidan la criminalidad organizada y las redes de narcotráfico.
Los señores Garré y Kosiner adeudan una reflexión profunda sobre el declive ético de una parte de los efectivos bajo su mando, por mucho que se trate de una parte insignificante, cuantitativamente hablando. Los ministros están obligados razonar ante los ciudadanos acerca los factores internos o externos que predisponen a miembros de las fuerzas a su cargo a delinquir a gran escala.
Por último, los ciudadanos se preguntan qué hubiera sucedido si en lugar de que la policía detuviera a narcopolicías y la Gendarmería a narcogendarmes, la situación hubiera sido la inversa; es decir, si los policías hubiesen detenido a gendarmes y estos, a su vez, a policías.
¿Guardarían silencio los ministros y los jefes o habría pases de factura de una fuerza a la otra, de un gobierno al otro?