La crisis económica que desde hace más de un año golpea a España y que ha hecho crecer en este país las cifras de desempleados muy por encima de la media europea, ha provocado una fuerte retracción del número de extranjeros que ingresan por las fronteras españolas con intención de permanecer en su territorio. 
Algunos inmigrantes ya han abandonado España buscando nuevos aires, pero el efecto más llamativo de la crisis es que la derecha política ha encontrado en ella una ocasión imperdible para intentar reducir -aún más- los derechos y libertades de que gozan los extranjeros inmigrantes en España.En la localidad catalana de Vic, su Ayuntamiento pretende negar el empadronamiento (el simple registro del domicilio) a los llamados inmigrantes "sin papeles", es decir, a los que no poseen autorización para trabajar y residir en España, aun a sabiendas de que el empadronamiento es el único requisito que las Comunidades Autónomas exigen para que cualquier persona pueda disfrutar de una mínima asistencia sanitaria.
El Partido Popular, principal fuerza política de la oposición, que aventaja en las encuestas de intención de voto al gobernante Partido Socialista Obrero Español, ha "diagnosticado" que la capacidad de España para recibir inmigrantes "ya no es la misma de antes". Así lo ha sostenido la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, la señora Soraya Sáenz de Santamaría.
Durante el decenio de oro de la inmigración (2000 - 2010), descontando el último año, la economía española ha crecido de modo significativo y todos los estudios indican que el incremento de la riqueza se ha debido, fundamentalmente, a la aportación de los seis millones de inmigrantes (latinoamericanos, marroquíes y rumanos) que llegaron a este país en busca de trabajo.
Pese a los pronósticos agoreros y a cierto sesgo xenófobo de algunas informaciones, la capacidad de acogida de España no se ha visto desbordada en ningún momento. Si acaso, se han producido algunos incidentes puntuales en ciudades como Ceuta y Melilla y en comunidades como Canarias, en donde hace un par de años el flujo de embarcaciones con extranjeros procedentes del África subsahariana pareció romper con todas las previsiones.
Al contrario de lo que algunos sostenían, la sanidad pública española no ha sufrido ni sufre una especial sobrecarga por la presencia de los inmigrantes, en su gran mayoría sanos y escasamente demandantes de los servicios públicos de salud. Al contrario, las estadísticas revelan que los colapsos que se producen en la atención sanitaria obedecen a una mayor demanda de los propios nacionales españoles, los que -por cierto- prefieren en muchos casos ser atendidos por médicos extranjeros, a los que atribuyen una atención "más humanizada".
Como cualquier país que intenta regular los flujos migratorios y "ordenar la casa", España ha caído en el error de intentar uniformar a sus inmigrantes, y no sólo en derechos y obligaciones. La sociedad española ha venido exigiendo a sus trabajadores extranjeros un alto nivel de integración, no sólo laboral, sino también cultural, sin demostrar -salvo casos muy excepcionales- un interés especial en la cultura y las costumbres de sus inmigrantes.
Mientras España se proclama a sí misma un crisol de razas y de culturas y un ejemplo de convivencia, la realidad cotidiana es muy diferente. Por fortuna, no se han producido en este país más que incidentes aislados de violencia xenófoba, pero ello no quita que los extranjeros se enfrenten día a día a situaciones discriminatorias que van desde las más sutiles hasta las más desembozadas.
El que tras diez años de un intenso movimiento migratorio la sociedad española no haya cambiado ni un ápice, es un signo de rigidez y probablemente también de atraso y de incultura. El país ha demostrado su habilidad para utilizar la fuerza de trabajo de sus inmigrantes, pero no interés en incorporar nuevos valores o en recuperar comportamientos que aquí existieron en otras épocas y que ahora se han perdido.
Al considerar a sus inmigrantes como "herramientas vivientes" (como Aristóteles consideraba a los esclavos de Atenas), España ha perdido la oportunidad de conocerlos, de comprenderlos, de quererlos y de aprovechar toda su riqueza humana. Algunas opiniones dan a entender que España "vivirá mejor" sin tantos extranjeros y que nadie echará de menos su ausencia cuando se vayan. Nadie, excepto quizá algunos niños (es notable cómo los que se crían con niñeras extranjeras tienen mejor comportamiento) y algunos ancianos, para quienes la vida sin su asistenta ecuatoriana sería sencillamente una tortura.
Ahora que los extranjeros comienzan a llegar en menor cantidad y que algunos han decidido ya el regreso a sus puntos de partida, la sociedad española no debería experimentar alivio sino una profunda preocupación. No sólo porque en el supuesto de que este país recupere la senda del crecimiento económico necesitará otros seis millones de extranjeros en diez años, sino porque el abandono de los inmigrantes amenaza con convertir a España en un país monótono, monovalente y descolgado de Europa.