Es inconcebible que en un sistema legal, como el argentino, en el que las constituciones y las cartas orgánicas municipales establecen nominalmente las máximas garantías de independencia y libertad para el ejercicio de la función representativa, un ciudadano disconforme golpee en la cara a un concejal mientras éste realiza declaraciones públicas. El hecho no es grave sino gravísimo y merece ser condenado no sólo por las calidades humanas del agredido, las de su agresor o por simpatías políticas coyunturales, sino por el impacto que esta actitud irracional proyecta sobre todo el sistema de representación en que se soporta la legitimidad del Estado y que es garantía de libertad para los ciudadanos.
De nada vale que las constituciones y cartas digan que un legislador o un concejal "no pueden ser molestados" por las opiniones que viertan en ejercicio de su cargo, si al final cualquiera que discrepe con sus opiniones puede llegar a imponer sus razones con un puñetazo en la cara.
Es inconcebible también que el concejal injuriado resuelva alegremente perdonar la ofensa como si sólo a él hubiese sido dirigida. Desafortunadamente, no está en manos de este concejal decidir si la agresión que ha sufrido merece o no ser llevada a la justicia.
También es surrealista que el Concejo Deliberante de Salta necesite de una resolución, previo debate y votación, para decidir si procede o no contra el agresor. ¿Es que no hay fiscales en Salta o los fiscales eligen si cumplir o no con sus deberes según la cara del cliente y las posiciones políticas de los ciudadanos agredidos?
Que sepan los señores jueces que las garantías establecidas en los textos fundamentales para los representantes populares no sólo siven para impedir al Poder Judicial actuar contra ellos, sino que también constituyen un mandato claro dirigido a los jueces para que, con todos los medios a su alcance, protejan a aquellos representantes contra las restricciones a su libertad que puedan llevar a cabo los particulares.
Son, por tanto, los señores jueces de Salta los llamados a decidir si "las piñas" constituyen un argumento legal y legítimo para discrepar con las opiniones de un representante de los ciudadanos y para dirimir las contiendas entre los particulares y los poderes públicos.
En caso de que el Poder Judicial nada diga al respecto -y no ya en forma de vacuas declaraciones de solidaridad- habrá que entender que, en el futuro, un litigante disconforme con un fallo, en vez de presentar un recurso, será libre de aplicar un cabezazo al juez para dejar patente así su discrepancia con la forma de valorar de prueba.
Estilos de hacer política
El lamentable incidente ocurrido el martes pasado a las puertas del Concejo Deliberante de Salta pone de manifiesto además la inutilidad, la peligrosidad y el carácter dudosamente político de la llamada "política de la denuncia".No es tarea de los concejales, como no lo es de ningún político, formular denuncias a diestro y siniestro, por más que éstas sean fundadas y luego sostenidas con pruebas y argumentos.
Aunque a veces sean necesarias y otras veces inevitables, en la mayoría de los casos el activismo judicial de los políticos y la repetición de las denuncias sólo sirven para poner de manifiesto la carencia de argumentos políticos de quien las formula como práctica habitual.
La confrontación es parte de la política, pero sin duda no lo es todo. Equivoca su camino el político que cree que su misión es la de ejercer de justiciero antes que de político.
La política consiste también (y especialmente) en estar dispuestos a pagar el alto precio de convivir con indeseables, y desde un punto de vista estrictamente político, resulta tan intolerante la actitud de quien agrede físicamente a otro porque es incapaz de sostener sus razones por otros medios, como la del político que sólo sabe sostener las suyas denunciando atropelladamente todo lo que se mueve delante de sus ojos.
Si los legisladores y concejales disponen de herramientas muy efectivas para el control político de los poderes públicos, especialmente del ejecutivo, ¿por qué entonces no dejar las denuncias en manos de los fiscales, de los organismos independientes de control administrativo y de los ciudadanos directamente perjudicados?
La política exige de sus protagonistas una extraordinaria capacidad de renunciamiento. En ocasiones es necesario saber renunciar también a la tentación de erigirse en fiscal o en jueces de los demás, y saber moderar el impulso de ir al frente, valientemente, como un toro cegado por la sangre, porque las soluciones políticas -cuando existen- surgen de la prudencia y el temor más que de la temeridad física o jurídica.
La decisión de "no retroceder", ni aun frente a la violencia irracional, más que una reacción inteligente o fundada en el 'coraje republicano', es la expresión más acabada de la irracionalidad política.
A la hora de repudiar...
La condena al hecho violento no tendría mayor sentido si al mismo tiempo no se condena enérgicamente la actitud de algunos políticos y comunicadores de Salta que con ocasión de este lamentable suceso han hecho suya el inmoral argumento de "algo habrá hecho".Al momento de repudiar la agresión, algunos políticos y comunicadores han dejado entrever una especie de júbilo contenido por tratarse el agredido de quien se trata.
Esta actitud es tan lamentable y repudiable como la propia agresión, de modo que no cabe sino condenarla por su perverso potencial destructor de nuestra convivencia civilizada.
Un mensaje a la Asesora General de Incapaces
Ya que un juez de Salta le ha concedido amplia legitimación para defender los derechos de los enfermos mentales, en nombre de la dignidad humana de estos, la señora Asesora General de Incapaces de Salta debería promover inmediatamente una acción judicial contra el comunicador radial de Salta que, para descalificar al concejal agredido, dijo elípticamente que éste "no se encuentra bien" mentalmente.Ni en nombre de la libertad de expresión se puede tolerar que un drama humano como la falta de salud mental sea empleado como argumento para denostar a un político, por muy pocas que sean las simpatías que despierte.
Si la señora Mirta Lapad es consecuente con el papel que ella misma ha reivindicado y que le ha sido reconocido por la justicia, debería reaccionar ya mismo.