Un delincuente, o un presunto delincuente, tiene, como cualquier persona, derecho a denunciar conductas delictivas ante la justicia. Este derecho forma parte de un conjunto más amplio de derechos fundamentales, reconocidos a "toda persona", por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por un buen número de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Dice Roberto Gargarella que respetar los derechos de los delincuentes no significa premiar a los criminales ni dejar de reprocharles sus eventuales faltas. "Los derechos no están reservados para los que se comportan decentemente o los que no cometen faltas (graves), sino para todos, por el solo hecho de ser personas".
Cuando un presunto delincuente denuncia los delitos de que ha tenido noticia y señala a otros presuntos delincuentes, el deber de la justicia es investigar estas denuncias y no desestimarlas por el solo hecho de quien las formula es una persona que tienen cuentas pendientes con la ley.
Al derecho de denunciar del presunto delincuente se suma así el deber correlativo de la autoridad de investigar; como corresponde, sin prejuicios, y apreciando la seriedad y verosimilitud de los hechos, más que la personalidad del denunciante.
Así las cosas, cuando un funcionario es denunciado como autor de un delito y cuando quien formula la denuncia es una persona sometida a proceso penal por delitos graves, quizá la peor reacción posible del funcionario sea la de anteponer su honor y negarse a entrar en la verdad de los hechos escudándose en la dudosa moralidad del denunciante.
Primero, porque no está tanto en juego su honor como el deber de transparencia de sus actos como funcionario; y segundo, porque la única reacción moral posible para un funcionario honrado es la de pedir a la justicia que investigue a fondo hasta la última de las palabras acusatorias del presunto delincuente.
Las reacciones del tipo "no voy a permitir que una rata de semejante calaña mancille mi honor", son apresuradas y contraproducentes, a pesar de su innegable efecto mediático de corto plazo. Lo correcto es dejar que la "rata" ejerza sus derechos y que la justicia determine si sus palabras merecen o no algún crédito.
Al funcionario acusado -sobre todo, si es injustamente acusado- siempre le interesará más un pronunciamiento rápido y contundente de la justicia que lo exonere de cualquier responsabilidad, que la reacción empática de la opinión pública frente a un arrebato de honor mancillado, de dignidad herida, que muchas veces deja la duda acerca de si el honor (mancillado, manchado y embarrado) no es simplemente una pantalla, una excusa para ocultar conductas inconfesables.