La noticia de que el gobierno de Salta y el Foro de Intendentes han concluido un convenio para "capacitar" a los concejales municipales de la Provincia tiene una lectura ambivalente. Por un lado, denuncia, sin decirlo abiertamente, que algunos de nuestros concejales no están lo suficientemente capacitados para ejercer sus cargos, o que su preparación -por decirlo suavemente- es "manifiestamente mejorable".
Por otro lado, pone de relieve que no son los concejales, en nombre propio, los que están preocupados por su formación, sino los Intendentes; es decir, los titulares de un poder formalmente independiente del que encarna el cuerpo deliberativo.
Frente a esta iniciativa, se podrían formular dos preguntas: 1. ¿Qué sucedería en Salta si al Gobernador se le ocurriera un día firmar un convenio con el gobierno nacional para capacitar a los senadores y diputados de la Legislatura? y 2. ¿Cuál sería la reacción de los Intendentes si todos los concejos deliberantes de Salta coincidieran en la necesidad de capacitar a los propios Intendentes?
En el primer caso, es muy probable que el Poder Legislativo, en un ejercicio afirmativo de su autonomía, decidiera rechazar el convenio y decir "si necesitamos capacitación o no, lo decidimos nosotros, no el Poder Ejecutivo".
En el segundo caso, es idénticamente probable que los Intendentes pusieran el grito en el cielo y se negaran a una iniciativa que, potencialmente, los subordina a sus concejos deliberantes y los coloca en un escalón intelectual inferior.
No está mal que nadie se capacite, por supuesto; pero tratándose de sujetos o entes políticos autónomos, lo razonable es que la decisión de capacitarse no sea adoptada por nadie más que por los interesados.
La justificación de que sean los Intendentes y el gobierno provincial los encargados de "capacitar" a los concejales de Salta no puede ser más peregrina, pues la única razón del convenio es -en palabras textuales del gobierno- la “fuerte decisión política del gobernador Urtubey de mirar la Provincia con un sentido de descentralización”.
Es decir que de lo que se trata es de hacer que los concejales aprendan, no tanto a desempeñar mejor sus cargos (a hablar mejor, a redactar mejores proyectos, etc.), como a sostener con sus decisiones la "política de descentralización" del gobernador Urtubey, con la que probablemente más de un concejal salteño no está de acuerdo.
Lo curioso es que la "capacitación" propuesta, lejos de ser descentralizada en beneficio de los agentes locales, está fuertemente centralizada en la estructura unitaria y vertical de la Escuela de Administración Pública del gobierno. Toda una paradoja.
Así las cosas, los funcionarios e Intendentes que intervinieron en la firma del mentado convenio de capacitación de concejales deberían haberse sincerado y reconocido que su iniciativa solo tiene por objeto adoctrinar y disciplinar a los concejales díscolos, para que aprendan a ponerse del lado del Intendente y asegurar así la viabilidad de ese gran engaño político que ha adoptado el complicado nombre de descentralización.