El gobierno de la Provincia de Salta ha reproducido en su página web oficial unas declaraciones del Director General del Servicio Penitenciario, señor Martín Daniel Martínez, en las que el funcionario da cuenta del aumento -en más del 46%- de la "venta y demanda de productos ofrecidos en el salón de exposiciones del Servicio Penitenciario". En la misma publicación, el señor Martínez atribuye nada menos que al gobernador Urtubey el éxito comercial de los productos elaborados por los reclusos salteños; y no se corta un pelo a la hora de revelar -para sorpresa general- que entre los objetivos de la política penitenciaria de Urtubey se cuenta el de buscar "el superávit de las unidades productivas penitenciarias".
Curiosa afirmación, por cuanto el Director del Servicio Penitenciario de Salta no habla de equilibrio entre gastos e ingresos o de "autosustento" de estos talleres, sino de superávit, es decir, de "exceso del haber o caudal sobre el debe u obligaciones de la caja", pero no como una circunstancia casual sino como un "objetivo de Estado".
Tan fuerte parece ser el afán por el superávit de la producción penitenciaria, que el funcionario, que ha proporcionado abundantes datos cuantitativos acerca del crecimiento de la demanda y venta de productos, se ha cuidado bien de dar una sola cifra, un solo indicador, que permita saber en qué medida el éxito comercial supone que se han alcanzado también los objetivos de reinserción social a través del aprendizaje de oficios, que supuestamente constituyen la base ética de este tipo de talleres penales.
Al parecer, para el gobierno -que ingresa más de 2.000.000 de pesos anuales por el trabajo de los reclusos- es ya más importante la contabilidad económica que la social.
E incluso más importante que la contabilidad laboral, ya que en ningún momento se informa qué parte de este tremendo éxito de venta y demanda va a parar a los bolsillos de quienes con sus manos elaboran los productos que luego se exhiben en el show room de Villa Las Rosas.
Es de suponer que los presos salteños trabajan por una paga mínima (lo que asegura que las plusvalías penintenciarias sean mayores), pues si sus sueldos fuesen sustanciosos, sería el delito y no la formación la vía más directa para una mejor y más provechosa inserción en el mercado de trabajo.
De seguir así las cosas, es decir, de persistir en el empeño de rentabilizar la producción y ponerla a la misma altura (o incluso elevarla) por encima de las necesidades sociales y los derechos de los reclusos, al Servicio Penitenciario no le quedará otra salida que empezar a despedir a psicólogos y asistentes sociales para contratar en su lugar a licenciados en marketing y a expertos financieros que aconsejen qué hacer con semejante superávit.
Visto el éxito de la política penitenciaria del Gobernador, tal vez convenga también contratar más abogados para asegurarse de que el nuevo artículo 18 de la Constitución diga que "Las cárceles de la Nación serán sanas, limpias... y rentables".