Campeonato de 'legisladores laboriosos': La macdonaldización de la política

Peleas en el ParlamentoA algunos senadores de Salta (provinciales o nacionales, igual da) les vendría bien presentar un proyecto de resolución para que el Senado, al igual que hacen los McDonalds o el Krusty Krab de Bob Esponja, cuelgue en el recinto un cuadrito con la foto del 'senador más laborioso del mes'.

¿A qué viene tanto ímpetu por presentarse ante los ciudadanos y los electores como el legislador más laborioso?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la función representativa de los legisladores no se legitima más o mejor por la cantidad de proyectos que cada uno de estos señores (y señoras) presente, ni por la cantidad de minutos que ha hablado en el recinto, ni por su asistencia perfecta a las sesiones, ni por el cumplimiento de un horario laboral agotador o ni por los centímetros que ocupen sus intervenciones en los diarios de sesiones.

La cosa no funciona así

La Constitución no dice que los senadores y los diputados deban 'trabajar como mulas', y ni siquiera dice que deban trabajar.

Si deben hacerlo, está claro que el sistema constitucional no espera de ellos que trabajen de la misma forma o en el mismo régimen que un obrero rural o uno de la construcción, porque la función de los legisladores no es multiplicar la productividad legislativa ni maximizar el beneficio en la cuentas públicas sino hacer posible la libre representación ciudadana en las más altas instituciones del Estado.

En esto -y en poco más- consiste el trabajo de estos señores, cuya mala conciencia sin embargo les empuja todos los días a hacer aspavientos para intentar quitarse de encima esa incómoda etiqueta de vagos con buen sueldo que injustamente les han colgado algunos enemigos de la democracia.

Pero para rebatir este antidemocrático infundio no es necesario ni matarse en jornadas extenuantes, ni tomar por asalto los micrófonos de las radios, ni presentar mil proyectos a la vez, ni hacer campañas de "todo a 100".

La eficacia y la eficiencia de un legislador no se pueden medir con la misma vara con que se evalúa la productividad de un sexador de pollos, de un encañador de tabaco, de un vendedor de género de la San Juan o de un constructor de cordón cuneta. Esto es, no se mide por cantidad, por kilo vivo o por metro.

Es de suponer que un legislador no es mejor que otro por la mayor cantidad de 'iniciativas' que alumbre su alocada cabecita, sino por el grado de concreción que estas iniciativas alcanzan en la realidad (la eficacia entendida como proyecto aprobado y ejecutado y no como proyecto presentado); y no sólo eso, sino especialmente por la capacidad que tienen aquellas iniciativas aprobadas y concretadas para modificar la realidad y mejorar la vida de los ciudadanos.

En casi todo el mundo civilizado y democrático, los senados son asambleas senior de cierto tinte conservador, como que son resabios de los antiguos consejos de ancianos y malas copias de aquellas asambleas que sostenían los privilegios aristocráticos o que equilibraban el empuje del pueblo llano. No ha sido en los senados precisamente en donde han tenido origen las revoluciones sociales o libertarias más importantes del mundo. ¿A qué viene entonces esta hiperactividad del Senado de Salta?

Brindis al sol

Si se repasa la 'lista de precios' del Senado de Salta (nos referimos al interminable extracto de los proyectos aprobados) cualquiera podrá darse cuenta perfectamente de que el 95 por ciento de aquellas 'iniciativas', que luego llenan hojas y hojas de ilusionantes pero falsos informes de gestión, no son más que meros 'brindis al sol', es decir, simples expresiones de deseo, candorosas cartas a los Reyes Magos envueltas en un coqueto packaging de celofán parlamentario.

Ejemplo de estos brindis al sol de nuestros senadores son iniciativas como las que dicen -con la solemnidad propia del caso- "solicito que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos específicos, instrumente los mecanismos necesarios, para que se proceda a crear, un Centro de Prevención y Atención de Adictos, en la ciudad de Rosario de la Frontera".

¿Es ésta la máxima expresión de genialidad de nuestros legisladores?

Porque para sacar a la luz iniciativas como esta (con el debido respeto) no se requiere ser senador ni nada. Cualquiera podría hacerlo; es decir, cualquiera podría agarrar un papel y dirigirse al gobierno diciendo que 'vería con agrado' que construyese una autopista de 18 carriles por lado entre San Agustín y Sumalao, sin decirle al gobierno de dónde obtener los recursos o qué partidas presupuestarias afectar; sin precuparse sobre si existen o no estudios de factibilidad, sin saber si hay técnicos preparados para hacer la obra, sin siquiera dar pistas de cuáles puedan ser los 'organismos específicos' ni los 'mecanismos necesarios', sin investigar en lo más mínimo sobre lo que están proponiendo.

De iniciativas vacías y virtualmente inútiles como ésta están llenos los diarios de sesiones y los archivos apolillados en donde duermen miles de sueños irrealizados e irrealizables. Es que así no vamos a ninguna parte.

Es preferible tener senadores que sólo acudan al recinto a levantar la mano de vez en cuando, que tener a 23 señores obsesionados por evitar que los ciudadanos piensen de ellos que 'se rascan' a cambio de un sueldo escandaloso.

Nadie les pide tanto

El sueldo de los legisladores (la llamada 'dieta') es un privilegio parlamentario, igual que la inviolabilidad de opinión o la inmunidad al arresto. Es decir, que la dieta existe no para 'pagar' el trabajo sino para asegurar que una función estatal de primer orden se desarrolle en condiciones de máxima libertad, sin coacciones y con la mayor dignidad posible.

Desde el punto de vista de la economía laboral, la dieta no remunera trabajo efectivo sino que ha sido instituida para asegurar la independencia de quien ejerce una función representativa. Que la dieta esté sujeta al pago de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, como cualquier otro sueldo, es más una cuestión de justicia y de solidaridad que un elemento que propicie la mutación de su verdadera naturaleza jurídica.

Es de suponer que si las dietas son cuantiosas, no es porque se quiera exigir a los legisladores que entreguen algo (o mucho) a cambio de lo que perciben, o simplemente porque la Constitución ha querido crear una nueva oligarquía parlamentaria, sino porque el Estado quiere que cuanto más independientes y libres sean estos señores, mejor.

No hay ni tendría que haber nada de malo en que un diputado o un senador limiten su 'trabajo' a sentarse en el recinto a debatir las leyes o simplemente dedicarse a votarlas, incluso sin haber discutido una sola línea. Lo importante no es cuánto ha 'laburado' un senador una ley, o si se ha quemado las pestañas estudiando, sino en qué medida su voluntad refleja la voluntad de los ciudadanos a los que representa.

Una sola mano bien levantada en asuntos importantes y decisivos vale más que mil brindis al sol en formas de proyectos de declaración o de cartas acarameladas al Gobernador o a sus ministros.

No son empleados públicos

Hay que entender que los legisladores no son unos empleados públicos cualquiera; no están al servicio del ciudadano de la misma manera en que lo está un cartero, un bombero o un policía. Su función es mucho más elevada, mucho más crítica, más 'política' (en el mejor sentido) y mucho más importante para el bienestar ciudadano y para la vigencia de la democracia que la de un 'servidor público' al uso, incluidos los ministros y personal al servicio de la administración del Estado.

Quien pretenda medir a los legisladores con la misma vara del empleo público comete un gravísimo error institucional. Lo lamentable es que los primeros en cometerlo sean estos propios señores (y señoras) que se dicen muy doctos en materia de derecho constitucional y parlamentario pero que presentan a los ciudadanos como si sus 100 proyectos en 100 días fuesen algo así como los doce trabajos de Hércules.

Es preciso no perder de vista que en las asambleas legislativas reside la soberanía popular, la misma soberanía que antes encarnaba el monarca absoluto. De modo que, más que servidores del Estado, los legisladores son prácticamente el mismo Estado. Por esta razón -no porque su trabajo sea más o sea menos- es deber de todos los ciudadanos respetar lo que hacen y hasta lo que dejan de hacer.

Tan lamentable como esto último es que sean los mismos legisladores los que exalten obsesivamente su 'trabajo' sólo para que luego no se diga de ellos eso tan injuriante de que 'se dedican a hacer política'. ¡Por Dios! Si política precisamente es lo que los ciudadanos esperan (y la Constitución obliga) que hagan.

A estos senadores y senadoras laboriosas y apolíticas habría que pedirles que trabajen menos y que representen mejor a los ciudadanos. Que no se autoimpongan metas de productividad que la Constitución no prevé; que no intenten aspirar a la medalla de oro al mérito en el trabajo, que no conviertan el escaño parlamentario en un kiosco y que se limiten a lo que deben hacer, que es asegurar que la voz de los ciudadanos sea escuchada en las más altas instituciones del Estado y a hacer posible que los ciudadanos ejerzan allí su soberana voluntad.

Y si quieren trabajar, porque su conciencia así lo pide, pues que abran una carnicería o un polirrubro, una boca de expendio o que monten una carpa en la feria americana del autódromo, porque la Legislatura está para otra cosa: Para servir de refugio a la libertad y a la dignidad de los ciudadanos más comunes, para albergar a representantes libres de ciudadanos libres y no a personas acomplejadas por el sueldo que perciben.