A diferencia de lo que sucede con el cine, la literatura, el fútbol o el tango argentinos -expresiones culturales admiradas y comprendidas universalmente- nuestra política y nuestra economía son dos actividades sumamente extrañas, capaces de sumir en la perplejidad al más pintado, que muy pocos comprenden fuera de nuestras fronteras y, desde luego, nadie admira ni se atreve a imitar. A la inmensa mayoría de los argentinos que alguna vez hemos visitado un país del mundo democrático avanzado se nos ha quedado grabada para siempre la cara de incredulidad del interlocutor extranjero cuando, con la mejor buena voluntad -y la mayor ingenuidad del mundo-, pretendimos explicarle algo tan sencillo como "qué es el peronismo".
A estas alturas pienso sinceramente que nuestros curiosos interlocutores foráneos ya han tirado la toalla y renunciado a entender algo que en sí mismo no es inteligible; al menos no sin correr el riesgo de perder la razón en el intento.
Sin embargo, en las últimas semanas los preguntones han vuelto discretamente a la carga. Esta vez su interés se orienta hacia las complicadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebran hoy en la Argentina y que prácticamente no tienen parangón con las primarias de ningún país serio del mundo.
La única explicación que se me ocurrió darles es que la política en la Argentina padece una gran confusión mental entre el todo y las partes.
Puse como ejemplo de este peculiar fenómeno el hecho de que en la Provincia de Salta (y no solamente en ella) las llamadas políticas de Estado -que debieran ser un asunto del "todo", o por lo menos de una gran cantidad de "partes"- son definidas en la práctica por un solo partido (el que gobierna), es decir, por una parte minúscula del conjunto, sin el concurso ni el consenso de ninguna otra fuerza política y social.
Probablemente a causa de una interpretación abusiva del principio mayoritario, el partido que gobierna piensa que, tras conquistar el poder, ha dejado de ser la "parte" para convertirse en el "todo". Y es por esta razón tal vez que, sin vergüenza ni pudor ninguno, el Gobernador cree que todos sus criterios y dictados alcanzan una "dimensión de Estado" per se; es decir, que se encuentran revestidos de una autoridad política que nadie puede discutir, a la que nadie puede oponerse.
Dije también que esta primera confusión tiene una contrapartida inversa y que ésta se halla en las elecciones primarias obligatorias que se celebran hoy.
En ellas advertimos con pavor que el gobierno ha decidido (mediante una ley, lo cual es bastante grave) que un asunto que es privativo de las "partes" (la interna de los partidos políticos para definir a sus candidatos) sea resuelto por el "todo" (el cuerpo electoral de la Nación), obligando para ello a votar a todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral (incluidos los extranjeros), sin importar si están o no afiliados a los partidos en liza, si son simpatizantes de ellos o no lo son o si les importa un pepino quién es o deja de ser candidato en las elecciones verdaderas.
Pensé -y así lo dije- que en unas elecciones generales, en las que se eligen magistraturas efectivas y no simples candidaturas, es lógico y razonable pensar que las "partes" (los partidos políticos) contribuyen a formar el "todo" (el conjunto de las instituciones del Estado), pero que estas internas absurdas en realidad son posibles porque en la Argentina existe la errónea creencia de que los partidos políticos -al igual que los sindicatos- no son asociaciones libres de ciudadanos (o trabajadores) sino verdaderos órganos del Estado.
Dije finalmente que esta idea estatizada de los partidos políticos conduce a considerar sus asuntos internos como un problema que debe resolver el conjunto de la ciudadanía, cuando en realidad, si nos fijamos en lo que dice la Constitución, veremos que los partidos gozan, al menos nominalmente, de una muy amplia libertad de creación y de ejercicio de sus actividades.
En cualquier país del mundo, tal derecho de libertad debería ser suficiente para prevenir y evitar que la vida libre de los partidos resulte perturbada por nadie, especialmente por el propio Estado, aunque este tenga el descaro de echar mano de una ley para interferir en su vida interna.
¿Por qué no se han quejado los partidos? ¿Por qué no han reivindicado y defendido su libertad?
Muy simple: porque los partidos políticos que tutela nuestra Constitución ya no existen como tales, ya no son reconocibles ni como organizaciones libres ni como "instituciones fundamentales del sistema democrático"; porque los políticos -casi todos empresarios de sí mismos- ya no tienen ni capacidad ni ganas de lidiar internamente dentro de unas organizaciones que solo representan un estorbo para ellos; y porque las primarias cuestan mucho dinero, un dinero que los partidos -casi todos ellos quebrados- no poseen, de forma que resulta mucho más práctico trasladar este coste económico al Estado, lo cual es lo mismo que decir: "que lo paguen todos los ciudadanos".
Por supuesto, después de estas explicaciones mías, los extranjeros nos entienden cada vez menos. Y no les culpo por ello.