Mientras el mundo mira con preocupación expectante el desarrollo de los acontecimientos en el Reino Unido, en donde los violentos disturbios ya se han cobrado la vida de una media decena de personas, en la Argentina, la misma noticia ha sido recibida por ciertos sectores con una sensación de júbilo contenido. El aparente descalabro de la sociedad británica ha traído -para qué negarlo- un cierto alivio revanchista a algunas mentalidades nacionalistas argentinas, siempre dispuestas a exhumar viejas querellas, como la expulsión de Rattín de Wembley en 1966 o el hundimiento del Crucero General Belgrano en 1982.
La ocasión parece propicia para sacar pecho y destacar con patriótico orgullo la "eficiencia" del modelo social y económico de la Argentina, en contraste con la decadencia evidente de uno de los Estados de Bienestar más antiguos y sólidos del mundo.
Sin embargo, la anglofobia doméstica no debe hacernos perder de vista la gravedad intrínseca del problema y forzarnos a ignorar las proyecciones que estos sucesos -a pesar de las diferencias geográficas e institucionales- podrían llegar a tener en nuestro país.
Si bien el gobierno británico ha enfocado la cuestión como un problema de criminalidad callejera más que de insatisfacción social, lo cierto es que los disturbios han hecho aflorar las graves fisuras de un sistema social que ya ha dejado bastante atrás su mejor momento.
La gran paradoja de los disturbios británicos no es tanto que hechos de esta magnitud se produzcan en un país con una sólida cultura democrática, con valores de convivencia, civismo y participación ciudadana, sino que el foco de los conflictos afecte a una franja de la población perfectamente integrada en los mecanismos clásicos del Estado del Bienestar, pero -a pesar de ello- fustrada por la falta de oportunidades e indignada por la percepción de que el gobierno es impotente para dar respuestas a sus demandas.
Sería inútil y peligroso ignorar que quienes protagonizaron en las principales ciudades británicas actos de pillaje, vandalismo y violencia indiscriminada son personas que disfrutan de abundantes benefits en forma de vivienda pública protegida, transporte subvencionado, pensiones, sanidad o educación gratuitas.
No se trata, pues, de marginados o de 'excluidos' en el sentido clásico que esta expresión tiene en el contexto de lo que en los años ochenta se llamó "la sociedad de los dos tercios".
La lección más importante que debemos extraer de estos sucesos es que la 'inclusión' social -sea la promovida por el asistencialismo puro y duro, sea que tenga como sustento las instituciones de un moderno Estado del Bienestar- ya no garantiza por sí sola la cohesión de la sociedad, la reducción de los conflictos y la paz social.
Que las ayudas sociales, sean éstas más o menos intensas, deben ir acompañadas necesariamente de políticas consistentes y realistas de fomento de la igualdad de oportunidades, especialmente en la educación y en el acceso al empleo, así como de una expansión sustantiva de los derechos cívicos que asegure que las clases menos favorecidas tendrán una injerencia real y efectiva en las decisiones que adoptan los gobiernos.
La clave de los disturbios de Londres no se halla por tanto en la frustración juvenil por una falta de acceso a las fuentes del bienestar sino en la percepción de la incapacidad de los gobiernos para poner límites a la voracidad de los mercados y en la convicción de que la participación democrática -limitada al derecho de sufragio- requiere hoy de nuevas formas que resulten compatibles con la emergencia de una nueva ciudadanía y la implantación de nuevas redes de comunicación política.
Los sucesos británicos enseñan finalmente que las políticas de 'inclusión' social -aun las más exitosas- solo pueden tener sustento en una economía sólida, diversificada y bien integrada en los circuitos globales. Y que, al contrario, cualquier expansión de las prestaciones sociales -sea hecha en base a derechos democráticos o lo sea en base a subsidios populistas-, en la medida en que no acierte a generar oportunidades reales de progreso para los jóvenes, acarreará más tarde o más temprano frustración, generará una nueva especie de injusticia social y desencadenará probablemente episodios de violencia.