La Provincia de Salta, su gobierno y su sociedad, se enfrentan por estas horas a uno de los desafíos más graves de los últimos tiempos: el esclarecimiento total del crimen de las jóvenes francesas y el juzgamiento de los culpables. A pesar del lamentable espectáculo de políticos que intercambian acusaciones mutuas de manipulación electoralista de la tragedia, la Provincia de Salta, como pocas veces antes en nuestra historia reciente, tiene por delante una auténtica "cuestión de Estado".
Las circunstancias obligan a echar mano de nuestros mejores recursos técnicos y humanos, sin mezquindades jurisdiccionales, y es el gobierno el llamado a coordinarlos de un modo eficiente.
El desafío es por tanto la ocasión ideal para que el llamado Cuerpo de Investigaciones Fiscales, organismo surgido de la poderosa imaginación del Fiscal General del Estado salteño y avalado recientemente por la sanción de la ley provincial 7.665, demuestre sobre el terreno alguna de las virtudes que se suponen inscritas en su código genético, a saber:
1) Que posee la tecnología de última generación que dice poseer; 2) que efectivamente el cuerpo está al servicio de la justicia y de la persecución de las conductas delictivas más graves; 3) que el nivel técnico y científico de sus profesionales es homologable al de los mejores laboratorios forenses del mundo, como reiteradamente ha afirmado el Procurador General, y 4) que tal excelencia nos librará de tener que depender de laboratorios foráneos.
Ya no hay razones ni legales ni políticas que impidan que los recursos del CIF, su laboratorio, sus microscopios, sus probetas, sus bolsitas de plástico, sus expertos, se sumen a la investigación en marcha, complementando el encomiable esfuerzo de la Policía de Salta o, llegado el caso, sustituyéndolo.
En efecto, al contrario de lo que recientemente afirmó un diario de Salta en relación con el caso Esper, la Corte de Justicia no impidió ni impide el funcionamiento del laboratorio del CIF.
En un comunicado oficial de prensa difundido hoy, la Corte ha hecho saber que "nunca suspendió el funcionamiento del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público, ni su laboratorio".
El tribunal afirma que la medida cautelar que ordenó, a instancias del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, se limitó a suspender aquellas facultades que "implican investigar a personas o preconstituir prueba contra ellas sin orden de la autoridad competente y sin que exista causa judicial".
De modo tal que, el CIF (el CSI salteño), al que creíamos paralizado y enervado por una conjura entre los jueces y los abogados rebeldes, goza en realidad de una envidiable lozanía jurídica y nada obsta a que se ponga de cabeza a investigar el alevoso homicidio de las jóvenes estudiantes francesas ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo.
Es del caso suponer que el señor Procurador López Viñals no retaceará la colaboración del CIF ni esperará que soplen mejores vientos para ponerlo efectivamente en marcha, y que, asumiendo el estado de crisis que afecta al gobierno y al resto de los poderes públicos provinciales, ordenará a sus expertos que cooperen con la policía y con el juez interviniente, de forma inmediata, y con todos los recursos de que el CIF dispone.
Si en las próximas 48 horas no tenemos noticias del CIF, del Procurador, de su laboratorio y de sus expertos, habrá que pensar, bien que el CIF no es tan excelente como nos lo pintó el señor López Viñals, o que al final tanta tecnología es inútil al lado del despliegue policial, que hasta ahora no ha mostrado ni por asomo los signos de "obsolescencia institucional" que alguna vez diagnosticó el Procurador General.
Por lo demás, si el juez Martín Pérez consigue llevar a buen puerto la investigación y acierta a esclarecer el hecho y detener al culpable, ¿insistirán los reformistas en la inoperancia de los jueces de instrucción para investigar los delitos?