Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las jóvenes francesas asesinadas en Salta, eran estudiantes en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona Paris-3. Unos pocos días antes de viajar a nuestra ciudad habían participado en Buenos Aires de un coloquio internacional sobre el orientalismo en América Latina, del que Cassandre fue organizadora. Houria había trabajado en un estudio sobre el alojamiento social en París. Ambas se dedicaban a la Sociología, en Francia, la cuna de Auguste Comte -el fundador de la disciplina y el padre del positivismo- y de otros gigantes como Pierre Bordieu, Alain Touraine o Robert Castel.
De no ser por la sociología francesa y, en concreto por las aportaciones teóricas de Bordieu, primero, de Castel, después, y más recientemente de Serge Paugam, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tendría bastante poco que decirle a la sociedad salteña.
En efecto, fue en la tierra natal de las infortunadas Cassandre y Houria en donde se forjó el concepto científico de exclusión social y en donde se acuñó la expresión "inclusión" para referirse a la acción afirmativa en la lucha contra los factores que predisponen a la marginación y descualificación social de las personas.
Cassandre y Houria, estudiosas de los fenómenos sociales comparados en América Latina y Europa, sensibles a la pobreza, a la precariedad y a tantas otras formas de injusticia que degradan la condición humana, no merecían vivir la experiencia más dramática de sus vidas en un lugar como Salta, en el que la "inclusión", sea por convicción o por puro cálculo populista, es una especie de religión de Estado.
El esclarecimiento de su asesinato y el justo castigo a sus culpables no solo es una exigencia imperativa de la poderosa Francia, sino una meta que la sociedad salteña debe autoimponerse.
Para ello hace falta adquirir conciencia de la intrínseca gravedad del hecho y de la necesidad de que el gobierno y el Gobernador, más allá de la simpatía o el entusiasmo que nos despierten, sean apoyados por toda la sociedad, de una forma abierta, transparente y franca.
El castigo a los culpables de la muerte de Cassandre y Houria no puede ser solo objetivo de un gobierno, ni siquiera un objetivo "de Estado". Es un deber de toda la sociedad salteña, que en su mayoría vive bajo el imperio de la Ley y sujeta a normas de convivencia que nos distinguen -o al menos eso creemos- como un territorio civilizado e integrado plenamente en los valores del mundo civilizado.
En resumen, que el esclarecimiento de estos hechos no es algo que los salteños le debamos a Francia, ni a su Embajador ni a su Presidente, sino algo que nos lo debemos a nosotros mismos.
Para saldar esta deuda, no hay otro camino que apoyar al gobernador Urtubey y hacerle sentir que detrás suyo y de sus funcionarios se encuentran cientos de miles de salteños dispuestos a ayudarlo y a preservar el buen nombre de Salta como espacio de paz, de respeto de la Ley y de convivencia civilizada.