El gobierno ha anunciado, por boca de su ministro de Justicia y del responsable de Políticas Criminales, que en un plazo no superior a diez días, "la policía dejará de estar en contacto con los adolescentes acusados de algún delito". El anuncio, que en principio apunta a poner fin a la política de "criminalización de la infancia", inaugurada por el gobierno del señor Romero y ratificada sin mayores debates por el actual, debe ser sin embargo aclarado debidamente por las autoridades competentes. El ministro Kosiner ha dicho a la prensa que "se está capacitando a nuevos operadores juveniles para los centros de chicos en conflicto con la ley, que saldrán de la órbita de la Policía para ser de administración conjunta entre los ministerios de Justicia y Desarrollo Humano". El ministro no dio pistas acerca de las competencias que tendrán los "nuevos operadores juveniles", es decir, cuál será su ámbito de "operación".Lo que parece claro es que, hasta hoy, estos "operadores juveniles" eran policías y no demasiado eficientes, como se pudo comprobar en la tragedia ocurrida en una comisaría de Orán, hace algunos meses atrás. El ministro ha dado algunas pistas acerca de la formación de base y específica que tendrán los nuevos "operadores": Éstos serán personas entrenadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que acreditarán una formación básica como "agentes penitenciarios", es decir, que no serán profesionales expertos en el tratamiento de menores, sino miembros de otra fuerza de seguridad diferente a la policía, o, por lo menos, agentes civiles formados en asuntos penitenciarios.
La información también deja la sensación de que pasará a la "órbita civil" el tratamiento de aquellos menores que no han incurrido en conductas con relevancia penal y que requieren de una asistencia específica por parte del Estado, bien sea por provenir de familias desestructuradas o por tratarse de menores conflictivos o con problemas de adaptación. En otros términos, que el ministro no ha dicho si los menores del "régimen de reforma" dejarán también de ser "abordados" por la Policía y tratados en otras instancias no policiales.
Sorprendentes declaraciones
Lo que resulta sorprendente, en cualquier caso, es la banalidad de las declaraciones de los funcionarios sobre esta cuestión. El secretario Ángel Sarmiento ha dicho que la medida adoptada por el gobierno comporta "un nuevo abordaje" (un anglicismo que no existe en el idioma español y que es una mala traducción de approach). La secretaria Pace ha dicho una obviedad un poco más dispensable: "Un adolescente que ingresa al sistema penal debe ser abordado integralmente como alguien que tiene un problema social grave". En realidad, cualquier persona que "ingresa al sistema penal", cualquiera sea su edad y su desarrollo mental, "tiene un problema social grave". Y que ésto lo desconozca la secretaria de Derechos Humanos de Salta, es realmente preocupante.
Pero la máxima solemnización de lo obvio corrió por cuenta del señor José Manuel Grima, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ha dicho: "Los chicos que llegan a cometer un delito son producto de una sociedad". ¿Y los que no cometen delitos? ¿Son producto de un repollo?
Si estas son las bases teóricas de la operación de "despolicialización" (descanización) de la infancia con problemas que anuncia el gobierno, no existen demasiados motivos para ser optimistas.