La manipulación de los datos encuestados por el INDEC ha instaurado el desorden, la opacidad y el fraude en la mayoría de los ámbitos donde operan las estadísticas oficiales centralizadas. La dinámica alcista de los precios y, casi por extensión mecánica, la evolución de la pobreza, resultan opacadas por aquella irresponsable manipulación.La estrecha vinculación estadística entre precios y pobreza surge de la circunstancia de que el indicador social más usual en la Argentina mide la indigencia y la pobreza en función del costo de la llamada canasta familiar y de los ingresos de las familias. De suerte tal que, en la situación actual el desnivel entre los precios de los alimentos y servicios básicos que suben por encima de los ingresos, eleva la pobreza.
En consecuencia, cuando el INDEC que dirige el señor Guillermo Moreno falsea a la baja el IPC, de un lado engaña a los poseedores de títulos públicos indexados, pero de otro, simbólicamente barre a los pobres bajo la alfombra.
Como ninguna sociedad moderna que se precie de tal puede vivir sin estadísticas fiables, hay en la Argentina contemporánea muchos expertos privados algunos, independientes- que se han dado a la tarea de generar estadísticas despojadas de ingerencias políticas espurias.
Así, por ejemplo, la firma SEL-CONSULTORES que dirige en Buenos Aires el sociólogo Ernesto KRITZ, desnuda periódicamente las falacias de los datos oficiales.
En su informe de Julio de 2008, SEL revela que en términos interanuales la canasta básica de alimentos se incrementó durante el primer semestre de este año un 30,3%, frente al ridículo 5,7% calculado por el INDEC. Por lo que se refiere a la canasta básica total, mientras que el ente oficial pretende que durante este primer trimestre aumentó solamente 33$ (pasando de 974,64$ a 1.007,64), las mediciones de SEL muestran que el aumento real de precios fue de 161$, con lo cual una familia tipo precisa ingresos mensuales de 1.135,64$ para atender a sus necesidades mínimas y no caer por debajo de la línea de pobreza.
Cuando estas cifras sobre el costo real de la canasta básica total se ponen en relación con la evolución del empleo y de los ingresos durante el mismo período, se llega a la conclusión de que a finales de junio en la Argentina existían 11.300.000 personas pobres, que equivale al 31,6% de la población.
Este 31,6% contrasta fuertemente con el 20,7% dibujado por el INDEC.
El caso de Salta
Nuestra Provincia, si bien cuenta -a través de su Dirección de Estadísticas- con una medición hasta ahora independiente de los precios locales, no dispone de herramientas autónomas para medir la pobreza. Las cifras salteñas sobre precios muestran, además, una segunda debilidad: están constreñidas a la ciudad capital.
Si, apelando a una operación elemental, reproducimos para Salta la distancia que para el total nacional surge de las mediciones de SEL respecto de las del INDEC, veríamos que la pobreza en Salta se ha instalado en el 44,4% de la población.
Dicho en otros términos, cerca de 540.000 salteños viven abrumados por la pobreza que, en muchos casos se ve agravada por las carencias que tienen nuestro "estado de bienestar" (si así puede llamarse a un conjunto inconexo de prestaciones escasas) y nuestras infraestructuras urbanas.
Las cifras así corregidas, revelan que la situación social de Salta ha retrocedido a la que existía hace tres años.
Una rápida mirada a la composición de las familias en situación de pobreza y a los datos demográficos generales, permite afirmar que la pobreza castiga con especial intensidad a los niños y a las familias monoparentales salteñas.
Frente a esta situación, de larga data, los programas sociales heredados del anterior Gobierno y las medidas recientemente aprobadas, lucen además de insuficientes, ineficaces para reducir drásticamente los niveles de pobreza que encuadran a Salta dentro de la categoría de sociedad subdesarrollada.
Para colmo de males, si dejamos aparte las quejas destempladas (muchas de ellas comprensibles por la desesperación de quienes las formulan) y los reclamos demagógicos, no se aprecia en Salta la existencia de un debate constructivo de ideas acerca de cómo la rebajar pobreza y abatir la indigencia, aprovechando la nueva situación surgida a partir del incremento de los precios de nuestra producción petrolera y agropecuaria.
Si antes (durante el período que gobernó el señor Juan Carlos Romero) esta ausencia de debate era un correlato de la voluntad política de manipular a los pobres con fines electorales, ahora resulta sencillamente incomprensible en tanto colisiona con la voluntad de cambio que proclaman las actuales autoridades y que reclamó en las urnas mayoría de los ciudadanos.