El subsidio, que correrá por cuenta de la Provincia de Salta y que supondrá un gasto estimado en 30 millones de pesos por año, beneficiará a unos 11.770 jubilados y pensionados, cuyos haberes son satisfechos mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social desde hace 12 años.A contrario de lo que han difundido algunos medios locales, la medida dispuesta por el gobierno de Urtubey no supone consagrar movilidad alguna en las jubilaciones provinciales salteñas, ni concreta el sueño del 82% móvil, ya que el subsidio, cualquiera que fuese su cuantía, no pasará a integrar el haber jubilatorio y no computará, de ninguna forma, para una eventual actualización de estas rentas, sea por el avance de la inflación o conforme a la movilidad prevista en los textos constitucionales.
El gobernador ha presentado en sociedad este nuevo instrumento de política social con un gran aparato mediático, pero todo indica que su impacto social y económico será más bien modesto. A pesar del esfuerzo que los 30 millones anuales suponen para las arcas provinciales, esta inyección de recursos sólo permitirá acercar -mas no superar- las jubilaciones mínimas al salario mínimo que pueden percibir los trabajadores en activo. La medida de gracia del Poder Ejecutivo provincial lleva a preguntarse más bien cómo es posible que más de 4.000 jubilados salteños estuvieran cobrando haberes tan alejados de la renta mínima de subsistencia.
Del anuncio del gobernador se desprende que el subsidio acordado permitirá a 4.130 salteños jubilados cobrar un 42% más todos los meses; el resto, es decir, más de 7.000 jubilados, disfrutarán de un subsidio fijo mensual de 200 pesos con cargo a las arcas provinciales.
Si bien el gobernador cosechó una ovación cuando efectuó el anuncio de viva voz, lo cierto es que la medida no es para echar las campanas al vuelo. En primer lugar porque no hay nada, jurídicamente hablando, que permita augurar que el complemento que pagará el gobierno de Salta se consolidará con las rentas que perciben actualmente los jubilados. Nada asegura tampoco que la Provincia esté en condiciones de mantener este esfuerzo para los próximos ejercicios presupuestarios.
Por eso es que un grupo bastante consistente de jubilados presentes en el acto habló de "limosna" y de "burla". La dirigente Juana Mangione reclamó a Urtubey el cumplimiento de su promesa electoral de restituir la movilidad de las jubilaciones, según informa Nuevo Diario de Salta.
En declaraciones a este mismo medio gráfico, el gobernador defendió el "aumento" para las rentas más bajas, diciendo: "Estos son los parámetros de justicia que tenemos". Una frase sobreabundante, toda vez que nadie en Salta entendería que se destinasen ingentes cantidades de recursos a mejorar las rentas más altas en desmedro de las más bajas. Se trata, en todo caso, de una justicia elemental y bastante lógica aunque el gobernador pretenda apropiarse de ella.
Por lo demás, el subsidio del gobierno provincial deja en pie las reclamaciones al Estado nacional por la movilidad de las jubilaciones de los transferidos en 1996. Para quienes siguen con ansiedad este proceso, el subsidio anunciado ayer constituye la admisión por parte del gobierno provincial de su impotencia para propiciar una solución política -no judicial- al problema de la actualización de las jubilaciones. A los jubilados salteños sólo parece quedarles la esperanza de que los legisladores nacionales puedan operar eficazmente sobre el proyecto de Ley enviado por la presidenta Kirchner, lo cual se antoja casi imposible.
La otra posibilidad es hacer cola en los bufetes de abogados especializados para demandar a la ANSES.