El medio salteño informa también que la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se reunirá pasado mañana en Buenos Aires. En el punto 21 del orden del día figura el tratamiento del caso Solá Torino.Como se recordará, Solá Torino, que es todavía titular del Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, está acusado de haber pedido coimas a un narcotraficante a cambio de levantarle el pedido de captura internacional en su contra. A raíz de estos hechos, Solá Torino debió de prestar declaración como imputado ante el Juez Federal Nº 2 de Salta, quien -apreciando los elementos de convicción reunidos en el sumario- decretó su procesamiento por un delito de cohecho agravado.
Junto al procesamiento, se debió de ordenar la prisión preventiva de Solá Torino, pero esta medida no ha podido prosperar a raíz de que el juez procesado, por razón de su cargo, conserva la inmunidad de arresto. Todo indica que si el Consejo de la Magistratura acuerda la suspensión del juez en sus funciones, es posible que Solá Torino -que concurre diariamente a su despacho de la calle Deán Funes- ingrese en prisión.
Los hechos que se investigan
Nuevo Diario recuerda que el expediente judicial contra Solá Torino se inició a partir de una serie de escuchas telefónicas realizadas en mayo pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Aquellas escuchas tenían por objeto seguir los pasos del narcotraficante José Miguel Farfán, fugado en 2004 mientras gozaba de libertad vigilada, es decir, mientras cumplía una condena.
Aquellas escuchas arrojaron algo más que datos sobre las actividades de Farfán. En varias de las conversaciones grabadas, el protagonista era Solá Torino. En las charlas -que constan en la copia de la causa que el juez Medina remitió al Consejo de la Magistratura-, la voz del juez salteño pedía entre 15 mil y 50 mil pesos, más un auto, a cambio de dejar sin efecto el pedido de captura del dealer, que pretendía viajar a España con una gran carga de cocaína.
Cuando se le tomó indagatoria, el camarista -que en 1991 acompañó al exgobernador justicialista Roberto Romero como candidato a vicegobernador de Salta- negó todas las acusaciones y argumentó que el levantamiento del pedido de captura de Farfán, que firmó de puño y letra, se trató de un "error involuntario".
Al igual que el juez Medina, el senador y consejero instructor Fernández no cree en esa versión. El dictamen indica que quedó demostrado "que el magistrado benefició a uno de los penados", hecho agravado al "advertir en las escuchas el trato con las imputadas" que oficiaron de nexo entre el juez y el narcotraficante.