El gobierno de Salta suscribió ayer un convenio con empresa proveedora de acceso a Internet Decoteve-Cable Express, cuyo objeto es el de "facilitar a los empleados de la Administración Pública el acceso a Internet, con una propuesta menor que la oferta del mercado". El gobierno ha informado oficialmente que estarán incluídos en este acuerdo "quienes hayan comprado alguna de las opciones de computadoras propuestas en el Plan de Nuevas Tecnologías de la Provincia, ya sea de la administración centralizada, descentralizada o todo organismo en el que el Estado provincial tenga participación suficiente". Nada dice el convenio sobre qué debe entenderse por "participación suficiente".
Añade el comunicado oficial que "se podrán incorporar, en caso de que se realice la pertinente adhesión, los empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Municipios de la Provincia", como si alguno de éstos no formasen parte del Estado provincial.
El anuncio oficial dice también que quienes se adhieran, "abonarán el servicio a través de débito automático, cuenta sueldo, o débito de tarjeta de crédito del Banco Macro, conforme al plan elegido y la velocidad elegida", lo cual despeja, en cierto modo, las dudas que este tipo de operaciones plantea en relación a la legitimidad de los conocidos "descuentos por planilla".
En principio, el empleado público que desee acogerse a este descuento podrá domiciliar el pago de los recibos de Cable Express en su cuenta bancaria, sin, por ello, ver afectado su sueldo en forma directa y "cautiva".
Finaliza el comunicado diciendo que este "beneficio" es exclusivo para nuevas conexiones y es aplicable a todas las velocidades de Express Banda Ancha disponibles. Y que el costo de la instalación será bonificado (no se especifica si lo será total o parcialmente) y el cable módem se entregará en comodato (préstamo de uso).
Críticas
El acuerdo ha sido criticado tanto por empleados públicos como por otros operadores de telecomunicaciones que comercializan el acceso a Internet a altas velocidades. Consideran los primeros que de algún modo se limita su libertad de elección a la hora de escoger a un proveedor y que las condiciones económicas en que se ofrece el servicio por Cable Express no son muy diferentes a las que esta empresa ofrece para clientes comunes, es decir, para los que no tienen la condición de empleados públicos.
La competencia asegura que la gran cantidad de trabajadores públicos comprendidos en el acuerdo suscrito por el gobierno supone un golpe al mercado de la banda ancha y la virtual imposibilidad de otros operadores de llegar a unos 60.000 hogares de relativamente buena capacidad adquisitiva.