Convenio para articular políticas públicas operativas de implementación de nuevas tecnologías

Los titulares del Ministerio de Gobierno y del Tribunal Electoral de Salta, Antonio Marocco y Guillermo Posadas, respectivamente, suscribieron ayer un convenio marco de cooperación mutua cuyo objeto apunta a "avanzar en la instrumentación del voto electrónico en el ámbito de nuestra Provincia". Este convenio -que era previsible por el impulso que en Salta ha cobrado el llamado "voto electrónico"- llama la atención, no obstante, por la terminología utilizada en su redacción.

Así, la información oficial sostiene que el acuerdo tiene por objeto "crear un marco formal de cooperación, tendiente a aplicar políticas públicas operativas, desarrollando acciones conjuntas de articulación, coordinación e implementación de nuevas tecnologías".

Al momento de explicitar los objetivos, se dice también que el primordial es el de "iniciar un salto cualitativo en materia de calidad institucional y fortalecimiento democrático en la Provincia de Salta" y señala como "principal herramienta" de estar tareas la de "asegurar la transparencia del proceso electoral".

Si bien se trata de una iniciativa loable cuyo buen fin no es sólo deseable sino, incluso, posible, lo cierto es que la formulación del acuerdo, por el lenguaje que utiliza, resulta prácticamente incomprensible para el ciudadano medio, que no está familiarizado con el concepto de políticas públicas operativas ni con otros de idéntica complejidad empleados en la redacción del convenio.

Es de suponer que quienes han redactado es convenio conocen que la calidad institucional y el fortalecimiento democrático son metas cuya consecución exige una comunicación más fluida con el ciudadano, que favorezca no sólo la comprensión por parte de éste de lo que se le quiere transmitir, sino, eventualmente, su participación, en forma de adhesión o, aun de oposición, impugnación o defensa.

Un convenio -así como cualquier acto público- que emplea frases crípticas, sólo descodificables por iniciados en la materia, deja de ser un acto transparente y democrático para convertirse en una amenaza para el ciudadano, cualquiera sea la eficacia o bondad de su contenido.

La información oficial no omite la preceptiva nómina de los participantes del acto de la firma del convenio, añadiéndose a los apellidos de Marocco y Posadas los de Juárez Campos, Cornejo Fleming, Rocha Alfaro, Ayala, Figueroa, Paz y Ovejero. La comunicación hubiese sido idénticamente eficaz si se limitara a decir que del acto de firma participaron los ministros de Gobierno y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el secretario de Gobierno y los miembros del Tribunal Electoral.