El viernes pasado, y bajo la presidencia del ministro Pablo Kosiner, se realizó en Salta la Reunión de presentación de los proyectos de cooperación hispano argentino sobre género y justicia. Según ha informado el gobierno, el referido acto se justifica en el hecho de que Salta fue elegida para hacer la presentación de la propuesta que impulsa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "a favor de las mujeres víctimas de violencia familiar, proyecto que propugna mejorar el acceso a la justicia, promoviendo la progresiva incorporación de las perspectivas de género entre los jueces y la concientización del ciudadano sobre sus derechos y las formas de ejercerlos". La iniciativa, en sí misma, no deja de ser loable. Si bien aún no se conocen los proyectos concretos que serán beneficiados con la ayuda de la cooperación hispana, está claro que cualquier actuación, pública o privada, que pretenda mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar, debe ser recibida con beneplácito en una sociedad como la nuestra, en la que este fenómeno alcanza dimensiones preocupantes.Pero, más que el propio problema, preocupa la difusión de los enfoques sesgados y, en especial, la victimización universal de la mujer, la situación discriminatoria que se produce en relación con los niños, las personas con discpacidad y los ancianos que sufren el mismo tipo de violencia y que no gozan de ningún tipo de protección especial "desde la perspectiva de género", la ignorancia de la violencia psicológica o, incluso, la desprotección de los matrimonios y parejas homosexuales frente a la violencia física, la criminalización indiscriminada del varón, y el empleo abusivo de las "denuncias de género" para dirimir cuestiones económicas irresueltas de los matrimonios deshechos o para influir en los regímenes de tenencia de los menores de edad.
No todas estas calamidades están sucediendo en Salta en estos momentos, aunque ya se vislumbran nubarrones en nuestro horizonte. Aquellos enfoques sesgados, aquellos problemas de discriminación a que me refiero en el párrafo anterior, se están produciendo hoy mismo en España, es decir, en territorio de nuestro "cooperante". Si en un primer momento parece bueno que un país avanzado, con capacidad económica de cooperación y vocación solidaria, decida gastar su dinero para ayudar a otros países, no parece que España sea precisamente el país más indicado o el mejor preparado para enseñar a los salteños nada en materia de tratamiento (legislativo, judicial o social) de la mal llamada "violencia de género".
Antes de dar luz verde a una iniciativa como ésta, sería aconsejable que el ministro Kosiner o el canciller Cornejo, supieran que las medidas que los gobiernos españoles han venido poniendo en práctica para conjurar la violencia familiar han fracasado, unas tras otras, empezando por la injusta y discriminatoria Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los propios jueces españoles denuncian que esta ley, que lleva más de tres años en vigor, no sólo que no ha servido para hacer decrecer el número de víctimas mortales por este tipo de violencia, sino que, por carecer de una definición adecuada del maltrato, es decir, del delito, se ha convertido en una fuente de abusos y de injusticias, contra las mujeres, pero, especialmente, contra los hombres y las familias.
España, es decir, el país que asistirá técnicamente a los salteños para superar estos problemas, no sólo no ha podido en todo este tiempo dar respuestas sólidas y razonables al problema, sino que los ha agravado. No me gustaría, ni como salteña ni como mujer, que nuestros jueces (quizá no tan eruditos pero probadamente más aplicados a su trabajo que sus pares hispanos) "incorporen las perspectivas de género", tal como propugna el proyecto español de cooperación, ya que en este país la famosa "perspectiva" -aplicada al fenómeno de la violencia en el seno de la familia- sólo ha conducido a la estigmatización del hombre acusado de maltrato.
Hasta tal extremo llega la irrazonabilidad de las "soluciones españolas" a estos problemas, que el hombre acusado falsamente, aun después de demostrar judicialmente que se trataba de una denuncia falsa, deberá afrontar su proceso de divorcio ante los juzgados especiales de Violencia de Género y no ante los juzgados ordinarios de Familia.
Afortunadamente, también hay en la España de estos días -tal vez no tanto en sus organismos públicos- nuevas corrientes de opinión feminista que comienzan a rechazar la discriminación positiva de las mujeres en esta materia, porque está dando como resultado situaciones no sólo injustas sino también absurdas. Cuando la mujer denuncia un caso de maltrato, inmediatamente recibe el apoyo de cuatro o cinco instituciones entre el abogado de oficio, el fiscal, los servicios sociales municipales y las asociaciones contra la violencia, mientras que el hombre sólo tiene a su abogado y, si luego pretende acusar por denuncia falsa, se encuentra ante la dificultad de demostrar un hecho en negativo, es decir, que ella no se equivocó al denunciar, ha puesto de manifiesto recientemente una de estas voces críticas.
"Cuando las denuncias son interpuestas por mujeres extranjeras, sobre todo por inmigrantes africanas o iberoamericanas, los jueces tienden a mirar hacia otro lado. La ley parece hecha sólo para las mujeres españolas", denuncian otras voces.
La ley española 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dice que la política española en la materia, inspirada en la Constitución, "expresa nuestra solidaridad (...) con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones", basándose en principios tales como "la defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el respeto a la diversidad. (art.2.b)".
Mucho habría para discutir en torno a la condición de "pueblo más desfavorecido" de Salta, en materia de violencia contra las mujeres, pero lo que llama la atención de alguien que -como la que suscribe- sufraga con sus impuestos el gasto español en cooperación internacional, es que mientras se multiplican las acciones de cooperación en materia de violencia "de género", se están reduciendo correlativamente otras, como las acciones en materia de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo (en oportunidades de acceso y en remuneraciones), un terreno en el que la desigualdad y los abusos aumentan a diario.
Hay, pues, mucho de moda en estas posturas internacionales. Hay mucha extrapolación de sentimientos internos y mucho desconocimiento del escenario internacional. No hay nada, por el momento, que indique que España, como nación, sea capaz de comprender mejor la problemática salteña de la violencia intrafamiliar, cuando no es capaz de comprender la propia. Nuestra condición de "sociedad asistida" internacionalmente en esta materia no nos releva de la obligación de analizar con cuidado el panorama para adoptar las mejores soluciones. De otro modo, corremos el riesgo de "comprar" modelos de intervención sujetos a rígidos enfoques eurocéntricos y aplicarlos de forma acrítica a una fenomenología que, entre nosotros, tiene componentes socioculturales muy profundos que, hoy por hoy, son absolutamente desconocidos por el país cooperante.