
Dicha denuncia habría sido formulada por el subsecretario de Gestión de la Salud Alejandro Gravanago y "se conoce cuando el dengue se encuentra instalado en varias provincias alertando a médicos del mundo e incluso a autoridades de salud nacional".
Según la fuente, la denuncia fue radicada hace más de 30 días ante la fiscalía Nº 2, y en el escrito se pide que "se investigue la falta de acciones en que habría incurrido el municipio de Tartagal en relación de la campaña contra el dengue".
Paradojas
Salvo que quiera presentarse a la opinión pública admitiendo de forma implícita haber fracasado rotundamente en Tartagal, la autoridad sanitaria provincial no puede buscar las culpas del brote en terceros actores con competencias muy limitadas en materia de salud pública.
Si el gobierno provincial hubiera advertido oportunamente que la Municipalidad tartagalense, o en intendente en particular, estaban haciendo dejación de sus funciones relacionadas más con el llamado "saneamiento urbano" que con la salud pública, antes de denunciar penalmente para "curarse en salud", debió de acordar la intervención del Municipio.
La denuncia penal se antoja un "remedio pobre" para la extraordinaria gravedad de la situación planteada. Y lo peor del caso es que si algún juez viera indicios de responsabilidad penal en el intendente de Tartagal, inmediatamente debería procesar también a las autoridades sanitarias del Estado provincial salteño, y quién sabe si no al propio gobernador, ya que su reacción declarando la emergencia sanitaria en la zona, fue manifiestamente extemporánea.