
Llegados a un punto, en materia de preferencias, colores y opciones, parece más seria la Liga Salteña de Fútbol (que por lo menos mantiene a los clubes a raya) que la justicia federal electoral, desbordada por una dinámica extraordinaria de transfuguismo y alianzas contra natura.
Algunos dicen: "Es que así es la política de Salta", lo cual con ser cierto no alcanza a ocultar esa otra gran verdad popular que dice: "También, así nos va".
Los saltos externos y externos de candidatos y dirigentes ya no se producen sólo en la órbita de ese gran pulpo que es el Partido Justicialista. Estructuras históricamente antiperonistas, como la Democracia Cristiana y el Partido Renovador de Salta, están también a punto de suscribir un "acuerdo de pase" para que el activo dirigente quijanense Carlos Kerubín Sosa enfrente a los suyos en las próximas elecciones provinciales.
La moda alcanza también a partidos filoperonistas, como el Partido Para la Victoria que, al parecer, no contará en las próximas elecciones de junio con los buenos oficios de Nora Giménez, ya que esta dirigente habría decidido "ir por fuera" de aquel partido y presentarse por otro que se llama "Movimiento Popular Unido".
Si a lo salteños nos resulta indiferente -como parece- que esta danza inacabable de nombres propios entre siglas y consignas siga atenazando a nuestra democracia e impidiendo unas elecciones limpias y transparentes, alguien, por lo menos, debería estudiar cuánto cuesta en dinero contante y sonante esta práctica de transfuguismo consentido, de salidas de los partidos con billete de regreso.
¿Alguien se ha preguntado cuánto cuesta a la justicia electoral llevar un buen tracking de este caos partidario?
Si vamos a optar por un sistema abierto de postulación de candidaturas, la oficialización de las mismas ya no debería ser competencia del juzgado federal o del tribunal electoral, sino más bien del Banco de Préstamos y Asistencia Social (si es que aun existe), en su división especializada en tómbola y juegos de azar.
Al paso que vamos, para lanzar una candidatura bastará llenar una boleta en cualquier rapi-pago y esperar a que la suerte no nos sea esquiva.
En Europa hay una norma que establece el derecho de cada ciudadano de la Unión a tener un nombre de dominio propio en Internet (por ejemplo, johnsmith.eu). ¿Qué tan difícil sería que nuestro país sancionase una norma para que cada ciudadano pueda hacer con su nombre un partido político? Por ejemplo, Movimiento Nora Giménez, Frente Kerubín Sosa, Acuerdo Gómez y Diez, Alianza Andrés Zottos, o Falange Urtubey.