El procedimiento instituido por Decreto 617/08 comporta una autolimitación del Poder Ejecutivo en el ejercicio de una potestad constitucional y, en tal sentido, no puede proyectar ningún efecto sobre las facultades constitucionales que son propias del Senado de Salta. Mal harían, en consecuencia, los legisladores que deban valorar la idoneidad del candidato propuesto en "requerir" el expediente administrativo correspondiente, en aceptar presiones para valorar sus conclusiones en uno y otro sentido o en dejarse guiar, siquiera, por tal expediente.
Entre otros motivos, porque la finalidad y la utilidad del "proceso participativo" se agotan completamente con el envío del pliego del candidato al Senado. Los senadores no deben perder de vista de que aquel proceso sólo ha sido instituido para "facilitar" la decisión del gobernador, mas no la del Senado, que sigue siendo libre para decidir lo que a los intereses de los ciudadanos mejor convenga.
Si las conclusiones del "proceso participativo" no son ni siquiera vinculantes para el propio poder en cuya órbita se desenvuelve aquel proceso, con más razón, no deben serlo para otro poder diferente, formalmente independiente y 'autónomo' (en el sentido de que puede autorregularse normativamente), como lo es el legislativo.
Un poder que, si quisiera, podría instituir otra instancia participativa, diferente, más abierta, más transparente, más útil e, incluso, más democrática.
Exageraciones
Se ha conocido que, minutos antes de que caducara el plazo para la admisión de observaciones en el proceso participativo del abogado Vittar, fue presentada una tercera impugnación que -palabras más, palabras menos- viene a decir que la designación de Vittar, por sus conexiones con el Partido Renovador de Salta y las de éste con el último gobierno de facto, comportaría abrir la puerta del máximo tribunal salteño "a quienes actuaron durante la dictadura militar".
Aun respetable como la que más, una objeción de esta naturaleza comporta, a juicio de muchos, una clara exageración.
No sólo porque el candidato Vittar tenía 7 años cuando se produjo el golpe de Estado de 1976 (y 13 cuando concluyó la dictadura), sino porque hay en esta visión de las cosas un "encadenamiento" inadmisible de responsabilidades políticas.
Si el hecho de que el PRS haya sido fundado por un militar que participó en un golpe de Estado y que luego ocupó cargos importantes en un gobierno de facto, supusiera la nulidad moral de todo lo actuado por este partido, incluido el periodo que gobernó democráticamente la Provincia de Salta entre 1991 y 1995, idéntica solución habría que adoptar con los 19 años de gobierno peronista, teniendo en cuenta que el fundador de este último partido, el general Perón, también fue militar, también participó activamente en golpes de Estado (1943 y otros) y también ocupó altos cargos (fue vicepresidente) en un gobierno de facto.
Resulta paradójico, por no decir peligroso, que una sociedad que se esmera en tratar con guante de seda a los delincuentes "que han pagado su deuda con la sociedad" y reivindica con gran energía el derecho a la reinserción de estas personas (que lo tienen, sin dudas), persista en negar todo derecho, no sólo a quienes han participado directamente en la política, de un modo o de otro, sino también a sus hijos, nietos y bisnietos, sin darles a ninguno de ellos derecho a rectificar, a arrepentirse de lo que pudieran haber hecho mal, a elegir otro camino o, simplemente, a abrazar libremente otras ideas.
Pero, para el que suscribe por lo menos, es más aconsejable callar en este punto, ya que su abuelo militó en las filas del uriburismo a finales del siglo XIX y dos de sus tatarabuelos contribuyeron militar y económicamente a armar el ejército de ese revoltoso gaucho que fue el general Güemes. Y mientras esto no se corrija, que no se corregirá, ni sus hijos ni sus nietos tendrán derecho a opinar o a ocupar cargos públicos.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo en que los errores y los aciertos políticos carecen -al revés que los yogures- de fecha de caducidad.