
Según el PO el terreno Pereyra Rozas, rodeado de terrenos urbanos y de todos los servicios, tributó como terreno rural hasta el año 2003, lo que significa una alteración del valor fiscal real del inmueble. El PO agrega que la ley de expropiación planteada es una iniciativa en el sentido de hacer valer este derecho colectivo a que la tierra urbana sea utilizada como un bien social.
El proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados el 13 de septiembre de 2007, expresa en su Artículo 3 que el plan de viviendas debe ser de acceso universal sin que se exija adelanto de pago. La medida busca una alternativa al déficit habitacional. En este sentido el PO pide la reserva de un mínimo del 40% de las tierras urbanas para la construcción de viviendas populares, y critica al gobierno por su pasividad frente a la crisis de viviendas y la especulación inmobiliaria que afecta incluso a la clase media.
El proyecto contempla, además, que las viviendas se financien con un fondo compuesto de la contribución obligatoria de las empresas salteñas que tengan una facturación de $5.000.000 (pesos cinco millones).