En concreto, fueron 2.212 causas las que ingresaron a los tribunales salteños en febrero, con lo que ascienden a casi 4.000 los casos formalmente denunciados, si se tienen en cuenta los registros del pasado mes de enero.El detalle de causas es el siguiente:
Distrito Enero / Febrero
Centro 1.350 / 1.713
Norte (Orán) 119 / 185
Norte (Tartagal) 197 / 182
Sur (Metán) 106 / 132
Las estadísticas confirman la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto entre diferentes organismos estatales y comunitarios, con efectivas acciones de prevención, tal cual se propuso durante el reciente ciclo de talleres de capacitación que organizado por la Corte de Justicia incluyó a jueces del fuero de Familia, efectivos policiales, jueces de paz y autoridades comunales.
Las reuniones se realizaron en San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, San José de Metán, Joaquín V. González y Cafayate, encabezadas por la vicepresidenta de la Corte de Justicia y titular del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura, María Cristina Garros Martínez.
La actividad, que es continuación del ciclo desarrollado el año anterior para evaluar las implicancias de la aplicación de la ley 7403 de protección de víctimas de violencia familiar, permitió recoger propuestas y evaluar la aplicación del Formulario de Denuncia previsto en la Acordada 9828 de la Corte de Justicia.
Entre las propuestas surgidas en las reuniones se incluyó la posibilidad que, en una tarea de integración y comunicación, se ponga a disposición de las mujeres e hijos víctimas que deban dejar el hogar, viviendas para su amparo transitorio (casas de acogida), sugiriéndose afectar a esa finalidad inmuebles de los distintos planes oficiales de viviendas. Asimismo, se evaluó la necesidad de coordinar un grupo de apoyo con psicólogos y asistentes sociales en cada municipio, los que brindarían la contención preventiva y de seguimiento.
Otras de las sugerencias recibidas de parte de los efectivos policiales participantes aluden a la posibilidad de que se dé intervención a distintos funcionarios o dependencias de la administración pública provincial o municipal, así como a asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, en especial durante la etapa de seguimiento.
Las conclusiones de las reuniones formarán parte del trabajo proponiendo la modificación del texto de la ley 7403 que será planteado por la Corte de Justicia en el seno del Consejo Permanente para la Política Judicial convocado por el Poder Ejecutivo.