La Justicia salteña recuerda que la causa contra esta persona inició a partir de la denuncia realizada por la madre de una menor que asiste a un colegio de esta ciudad, concretamente al Instituto San Alfonso. A partir de la denuncia, el pasado día 9 de noviembre, el juez corrió vista de la denuncia a la agente fiscal 4, Liliana Jorge, quien el día 11 promovió acción por el delito de corrupción de menores. En ese mismo acto, la Fiscal pidió el registro domiciliario del imputado, el registro de llamadas de los teléfonos investigados y la detención del hombre. Este último pedido quedó sujeto -por disposición del magistrado interviniente-, al resultado del allanamiento ordenado en razón de que resultaba imprescindible conocer el contenido de las computadoras cuyo secuestro se ordenó.El secuestro de dicho equipamiento informático se realizó el viernes pasado en el domicilio particular del imputado, girándose de inmediato para la realización de las estudios periciales correspondientes.
El informe policial correspondiente (esto es, la respuesta de los subordinados del ministro Kosiner al pedido del juez) fue ingresado ayer, a las 8.20, por mesa de entradas del Juzgado de Instrucción Formal de Cuarta Nominación. Este informe fue remitido, tras su análisis, a la Agente Fiscal interviniente al considerar el Juez Pastrana que surgía de allí la probable existencia de un nuevo hecho distinto al investigado.
Paralelamente, el magistrado dispuso ordenar la detención del imputado, cosa que ocurrió en la tarde de ayer, por presentación espontánea del mismo. Previo a ello, el hombre nunca estuvo detenido en esta causa a disposición del magistrado interviniente, por lo que no pudo haberse ordenado libertad alguna.
Contradicciones
La detallada información del Poder Judicial de Salta parece dejar en claro que tanto el magistrado como la agente fiscal actuaron de forma diligente, sin que quepa achacarles ningún tipo de desidia o desinterés en el caso.
Sin embargo, el ministro de Justicia Pablo Kosiner ha salido a los medios de comunicación a manifestar "su sorpresa" por la presunta lentitud en la actuación del juez Pastrana.
El ministro fue aún más allá y, abandonando la prudencia que es característica de los responsables políticos respecto de la actuación de los jueces, adelantó que el juez Pastrana "deberá dar explicaciones" de su retardo. Lo que no pudo decir el ministro es que esas explicaciones se les deberán dar a él, ya que sólo el hecho de insinuarlo comportaría una grave transgresión al principio republicano de la separación de poderes, por cuanto el juez Pastrana, acertado o no, está muy lejos de ser un subordinado del Ministro de Justicia, como de las declaraciones de éste parece inferirse.