Como se recordará, pocos días antes de abandonar el gobierno, Juan Carlos Romero envió a la Legislatura el veto a la llamada ley de enganche judicial, que preveía aquel sistema porcentual. Es ahora la Cámara de Diputados de Salta, como cámara de origen, la que tendrá que volver a pronunciarse sobre esta iniciativa.Mientras tanto, los trabajadores judiciales, que habían anunciado movilizaciones incluso antes de que asumiera el nuevo gobierno, se muestran ahora dispuestos a dialogar y para ello han decidido ofrecer como "gesto de buena voluntad" la desconvocatoria de las movilizaciones de protesta anunciada.
Esta decisión fue adoptada por una asamblea que sesionó ayer de forma prolongada, en adhesión al paro nacional convocado por la Federación Judicial Argentina, que reivindica la equiparación de los salarios de todo el país, jubilaciones del 82% y la realización de convenios colectivos de trabajo.
Los asambleístas se mostraron mayoritariamente partidarios de evitar una confrontación directa con el nuevo gobierno que encabeza Juan Manuel Urtubey, y si bien acordaron mantener el trabajo a reglamento, decidieron dejar sin efecto las movilizaciones sorpresivas, con lo que se espera que lo que resta del año judicial, hasta el próximo receso de enero, transcurra con normalidad en los tribunales salteños.