
El proyecto prevé la interpelación de Aníbal Fernández, al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional. La moción de censura y la eventual destitución de Fernández sólo podrían prosperar en el Senado si el proyecto de resolución obtiene el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara.
El presunto desacato a la orden judicial que los senadores imputan al jefe de Gabinete se produjo cuando el titular del Juzgado del Trabajo Nº 56 intentó poner en posesión a las nuevas autoridades del sindicato de aeronavegantes y un comisario de la policía -invocando órdenes de Fernández- intentó impedírselo. Según los senadores autores de la moción de censura, los hechos estarían perfectamente acreditados y tendrían entidad suficiente para generar la responsabilidad política de Fernández frente al Congreso de la Nación.
Los fundamentos del proyecto de Pérez Alsina y compañía son, sin embargo, redundantes e imprecisos desde el punto de vista jurídico. Especialistas consultados por este medio señalan que si bien la debilidad técnica de los fundamentos no resulta suficiente para echar abajo el proyecto, a la hora de la defensa efectiva de sus posiciones, los senadores mocionantes deberán afinar mucho la puntería si es que de verdad confían en poder echarle un pulso al gobierno y lograr la destitución de uno de sus pilares.