Isaac Deutscher, Los últimos años de Stalin
Daniel Scioli había parado ya tres ataques contra su ministro de asuntos agrarios, Emilio Monzó. La semana última se vió forzado a darse por vencido: para sortear una emboscada fiscal que podía determinar atrasos en el pago de sueldos y obligaciones de la provincia necesitó un giro de la caja central. Lo que le hizo enviar la señora de Kirchner fue menos de la mitad de lo que Scioli había solicitado, alcanzaba apenas para salir de los problemas más urgentes pero la situación hablaba por sí misma de la vulnerabilidad y dependencia que soporta la provincia de Buenos Aires. El gobernador lo resumió con mucha claridad para los que quieran entenderlo: Para lograr resultados necesito trabajar con el gobierno nacional, declaró. El renunciado Monzó se explayó más, y lo hizo sin rencor alguno hacia Scioli: Cedió en un contexto difícil lo justificó-. Es de público conocimiento que la Provincia tenía inconvenientes para el pago de sueldos, debido a su crónico problema de recursos. Había una necesidad de gestión. Uno ha sido el fusible.Monzó mantenía abiertos los canales de comunicación con las entidades provinciales del campo y no era un secreto que auspiciaba una política diferenciada de la terca intransigencia en que se ha encerrado el gobierno nacional. Desde su mirador de Olivos, Néstor Kirchner observaba esos movimientos y los imputaba a la cuenta del gobernador, en quien ya había detectado discretos pasos de independencia: conversaciones con la Mesa de Enlace; contactos con la oposición; diálogos con Felipe Solá, Julio Cobos, Eduardo Duhalde; intimidades con el apóstata Alberto Fernández, estrechamiento de vínculos con muchos de los jefes territoriales del Gran Buenos Aires que Olivos había caracterizado preliminarmente como traidores; más un extenso etcétera nutrido con narraciones de lenguaraces e informes de inteligencia. Tantas señales de autonomía, por tímidas (y hasta invisibles para la mayoría de los mortales) que fueran , evocan en el Palacio K temores de conjura y provocan la inmediata puesta a examen de aquellos sobre los que se cierne la sombra de la duda. Por elocuentes que sean las expresiones de lealtad, por intensos que sean los esfuerzos de sometimiento, las sospechas nunca se desvanecen: con Kirchner siempre se vive a prueba. Y nadie olvida que es él quien, en definitiva, tiene la llave de la caja.
En cualquier caso, Kirchner se esfuerza por mantener su tropa disciplinada, por evitar las fugas y por identificar y neutralizar las actitudes autónomas, en las que indefectiblemente adivina conspiraciones, actuales o próximas.
Coincidentemente con la renuncia del ministro de asuntos agrarios bonaerenses y con el mezquino goteo de fondos a La Plata, el oficialismo lanzó a rodar la versión de que Kirchner quiere empujar a Daniel Scioli a asumir la banca de diputado por la que compitió en junio y a dejar libre el sillón de gobernador para que lo ocupe su vice, Alberto Balestrini. Se trata de otro apriete sobre el gobernador. Más allá de la desconfianza íntima que le siga inspirando Scioli, es improbable, sin embargo, que Kirchner quiera tener en la gobernación bonaerense a un primus inter pares de los llamados barones del Conurbano, con poder territorial propio sobre la jurisdicción más poblada del Gran Buenos Aires.
El forzado alejamiento de Monzó y las renovadas presiones kirchneristas para disciplinar a gobernadores y legisladores volvieron a abollar las ilusiones de quienes, desde la oposición, soñaban con que la situación política cambiará radicalmente por el mero hecho de que el 10 de diciembre cambie la integración del Congreso. Esa hipótesis tranquilizadora se basa en una idealización jurídico-institucionalista que coloca al Poder Legislativo en rol protagónico y supone que desde allí se garantizará, con los flamantes miembros, un cambio de rumbo del gobierno, mientras la influencia K adelgazará por dos años hasta evaporarse a la hora señalada: en 2011.
Mayoritariamente, la variada oposición se sintió atraída por ese sueño y consideró que su objetivo debería ser, de aquí en más, controlar al gobierno y ayudarlo a que llegue al fin de su mandato así sea con muletas; exhibir espíritu de diálogo y apostar a que el gobierno retribuya el sentimiento, mientras los diversos aspirantes opositores se dedican a regar sus futuras candidaturas.
Pero Néstor Kirchner ha mostrado ya acabadamente que no comparte el fetichismo institucionalista de la oposición. No ha vacilado en hacer uso de la mayoría de la que residualmente dispone en las Cámaras (una mayoría que tiene cuestionada su legitimidad política por la votación del 28 de junio, abrumadoramente contraria al oficialismo) para prorrogar las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo, ni ha dudado en vetar fragmentos de ley votados por unanimidad en el Congreso o en impulsar precipitadamente su proyecto legislativo de control de medios audiovisuales con el designio de imponerlo antes del 10 de diciembre; tampoco titubeó a la hora de impulsar la ruptura de contratos referidos a la televisación del fútbol o a la de comprometer en ese tema 6.000 millones de pesos de los recursos del Estado.
Kirchner le da un mensaje inequívoco a la sociedad que la oposición no termina de decodificar. Ese mensaje reza más o menos así: hasta diciembre y también después, mientras podamos hacerlo, vamos a emplear y forzar todos los recursos e instrumentos disponibles llámense vetos presidenciales, decretos de necesidad y urgencia, disposiciones administrativas, presiones de acción directa, o como sea- para profundizar nuestro modelo. Parecen dispuestos a cumplir ese cometido inclusive violentando la política, para decirlo con una precisa frase de Felipe Solá. Dicho de otra manera: prometen que, lo haya o no votado la mayoría, no habrá cambio de rumbo mientras ellos cuenten con el poder de impedirlo.
En Olivos se plantean ese escenario más allá de que la imagen positiva de Néstor Kirchner y su señora esposa (reciente encuesta de Poliarquía) no hacen más que hundirse (ambos rozan el 20 por ciento) mientras la calificación negativa crece sin cesar (uno y otro superan el 50 por ciento). La confianza que generan en los ciudadanos (encuesta de la Universidad Di Tella) merece una calificación de 2 puntos en una escala de 0 a 10. Esas impresiones de opinión pública remachan la costatación objetiva de que el kirchnerismo, después de la derrota electoral y del previo y decisivo- revés político que sufrió en la guerra que desató un año atrás contra la cadena agroindustrial, está agotado y su continuidad no tiene viabilidad alguna. Pese a lo cual, suponer que el camino a su sucesión consistirá en un suave deslizamiento con final a dos años vista luce utópico.
Si los meses que quedan hasta diciembre serán una experiencia inolvidable, hay que imaginarse cómo serán los siguientes.
Hoy el gobierno está decidido a sacar ya mismo la ley de control de medios audiovisuales. Aspira a hacerlo en dos semanas: quiere aprovechar la obsoleta relación de fuerzas favorable que mantiene en el Congreso . Entretanto, anula sin complejos la fusión entre Multicanal y Cablevisión que había sido aprobada por decreto con la firma del propio Néstor Kirchner unos meses atrás: a la guerra como en la guerra. ¿No habían acaso estatizado los fondos particulares de jubilaciones después de que suscitaron una consulta entre los futuros jubilados en la que 80 de cada 100 se pronunciaron por el sistema de capitalización? Son ejemplos de seguridad jurídica.
Después del 10 de diciembre, el espectáculo será el de un Congreso que procura corregir las leyes que el kirchnerismo haya arrebatado en estas semanas y que intenta desde las bancas promover soluciones a los problemas no solucionados (el del campo, por caso) y el de un Ejecutivo que veta y contraataca con decretos. Un escenario de bajísima gobernabilidad.
En un artículo reciente, el politólogo Rosendo Fraga apuntó que los frentes de conflicto abiertos o reabiertos en estos días con los medios de comunicación, el campo, la Iglesia y la industria muestran que Kirchner ha decidido empeñarse en una batalla política a todo o nada, aun a costa de generar una crisis política, de la cual su esposa y actual presidenta puede ser quien más se vea perjudicada.
La oposición, por su parte, al trazar el horizonte de sus expectativas a dos años vista y elaborar en algunas de sus expresiones una suerte de institucionalismo unilateral y voluntarista, comete quizás el pecado de no contemplar las urgencias de los que no pueden esperar dos años para ver el cambio de rumbo. Pobreza, inseguridad, crisis productiva (que tiene eje en el campo, pero que no se reduce al campo), crisis fiscal y encogimiento de los recursos de las provincias en beneficio de la caja central, riesgos para la libertad de expresión son asuntos que reclaman ese cambio de rumbo que las urnas legitimaron. Vivimos en el año 2009.
Divorciarse de los espacios y los tiempos en los que la sociedad argentina disputa con el sistema hegemónico en nombre de ese institucionalismo unilateral puede contribuir a la ingobernabilidad porque divorcia la reacción espontánea de los sectores sofocados por la hegemonía de los caminos políticos y genera una sensación de orfandad. Afortunadamente, en 2008 las grandes movilizaciones de la Argentina interior, del campo y las ciudades simultáneamente crearon las condiciones para que el Congreso cumpliera un rol y se encontraron con Cámaras y políticos que efectivamente lo cumplían. Así, la calle y las instituciones se combinaron y potenciaron.
Frenada por especulaciones electorales anticipadas, por comprensibles prevenciones jurídicas por triviales temores al qué dirán o hasta por la extorsión del pensamiento políticamente correcto que saben instrumentar algunas usinas oficialistas, la oposición se inmoviliza. Su quietud genera la ilusión óptica de que el activismo de un gobierno estratégicamente en retroceso y temeroso de las conspiraciones intestinas, es una ofensiva.
Tanto el frenesí como el quietismo deberán vérselas más pronto de lo que imaginan con realidades vertiginosas.