Antes de que se iniciara la campaña electoral, Poder Ciudadano produjo una serie de recomendaciones para limitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Entre ellas, se destacaron la necesidad de limitar: la publicidad oficial, la inauguración de obras públicas y el anuncio de planes a los noventa días de campaña, de acuerdo con lo previsto por la ley electoral. A sabiendas de que una reforma legislativa requiere tiempo, propusimos una alternativa: que los titulares del Poder Ejecutivo en todos los niveles de gobierno tomaran la decisión de autorregularse.
{sidebar id=9}La cuestión del financiamiento de las campañas políticas presenta tres desafíos a futuro: la generación de mayor transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos, un mejor control judicial sobre sus presentaciones, y una mayor equidad en la competencia electoral.
La información
Por segunda vez, Poder Ciudadano realizó el monitoreo de la cobertura informativa de los candidatos presidenciales en los medios de comunicación nacionales más importantes. Los desequilibrios en la cobertura periodística abren un debate respecto de la responsabilidad de los medios de comunicación durante las campañas políticas.
También como parte de ese trabajo, detectamos e hicimos público el uso del Canal 7 con fines electorales. Durante el tiempo que duró la campaña, se produjeron interrupciones sistemáticas en la programación del canal público-estatal para transmitir los actos de la candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner.
Con el objetivo de promover el voto informado y la transparencia, desde 1993, Poder Ciudadano solicita a los candidatos que completen el formulario del Banco de Datos. Éste contiene información acerca de la trayectoria de los candidatos y de su patrimonio.
Siempre sostuvimos que era una actividad que debían desarrollar los propios partidos políticos a fin de fortalecer su rol y la de sus candidatos ante la sociedad. La Fundación impulsa que la presentación de este tipo de información sea obligatoria a la hora de oficializar candidaturas y que su acceso sea sencillo a través de Internet.
Sistema de votación y autoridades de mesa
Miles de ciudadanos vieron afectado su derecho a votar el pasado 28 de octubre. La mayoría de las denuncias que recibimos en Poder Ciudadano se vincularon a la falta de boletas en los cuartos oscuros. También nos enfrentamos a un escenario crítico a la hora de cubrir los más de 73 mil puestos de Autoridades de Mesa; además, muchos de ellos no recibieron la capacitación suficiente pare responder a la demanda de los ciudadanos y de los fiscales.
Finalmente, la tardía apertura de mesas y los cambios efectuados en la cantidad de votantes por mesa, fundamentalmente en los centros urbanos, obligaron a extender el horario de votación hasta pasadas las 18 horas.
Varias situaciones se han puesto de manifiesto. Es necesario que pensemos en modelos que permitan asegurar no sólo la presencia de autoridades de mesa sino también su capacitación. Por otro lado, el sistema de boletas actual ha mostrado que es falible frente a determinadas prácticas políticas poco respetuosas de las instituciones democráticas y de nuestro derecho a votar.
Los problemas vinculados a trámites de cambios de domicilio y fallecimientos, la alta falibilidad del DNI y el enjambre burocrático, inter-jurisdiccional e inter-poderes para la conformación del padrón requieren una reforma seria y concienzuda que garantice a la ciudadanía un sistema de identificación seguro, confiable y transparente.
Por último, nuestro sistema de partidos se ha vuelto caótico e incontrolable: la existencia de miles de boletas colectoras han confundido y desalentado a miles de electores.
Muchos países de América latina han realizado reformas que han fortalecido sus sistemas de elecciones, dotándolos de mayor transparencia y confiabilidad. La agenda de reformas futuras presenta desafíos para organizaciones como Poder Ciudadano, autoridades judiciales, el gobierno, nuestros representantes legislativos, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía toda.
Las elecciones son un bien público y su transparencia --o la falta de ella-- afecta no sólo la calidad de nuestra democracia sino también la vida de cada uno de nosotros.
(*) Directora Ejecutiva. Fundación Poder Ciudadano.