Las crecientes dificultades del oficialismo para disciplinar su tropa propia y su sistema de aliados se manifestó en la Cámara de Diputados durante la extensa sesión que concluyó escandalosamente la madrugada del jueves 11 de diciembre. Se trataba en el recinto el proyecto presidencial de amnistía para capitales irregulares, cuyo trámite parlamentario fue taquigráficamente acelerado por fuerzas leales al matrimonio Kirchner). En esa ocasión, no sólo actuaron misteriosamente perturbados los mecanismos automáticos de recuento de votos legislativos (que contabilizaron a favor de la propuesta K votos emitidos en sentido opuesto), sino que el oficialismo dio por aprobado el proyecto pese a no haber conseguido la mayoría especial que reclama la Constitución para algunos de sus artículos, por afectar la distribución impositiva federal. El kirchnerismo no logró reunir 129 votos, es decir, la mitad más uno del total de integrantes de la Cámara. En cualquier caso, de inmediato, precipitadamente, las fuerzas K dieron ingreso en el Senado al proyecto con esa media sanción irregular y se proponen tratarlo y aprobarlo a idéntica velocidad (y, al parecer, con similar escrúpulo) la tercera semana de diciembre en la Cámara Alta. Esos hechos exhiben con transparencia el debilitamiento de la disciplina kirchnerista (su propio bloque quedó erosionado con la pérdida de un buen número de integrantes acaudillados por Felipe Solá y varios de los que permanecieron en sus filas y votaron el proyecto en general, flaquearon a la hora de la votación en particular, pues objetaban sobre todo el vidrioso articulado que podría facilitar el lavado de dinero). Simultáneamente, confirman el enorme interés de la Casa Rosada por ver sancionada la ley de blanqueo, un interés que no vacila en provocar un escándalo que necesariamente concluirá con un pronunciamiento de la Justicia, ya que los congresistas de virtualmente todos los restantes bloques, desde la Coalición Cívica y el Pro, pasando por el peronismo anti-K, hasta el centrismo de los ex aristas y el progresismo de Fernando Solanas se disponen a reclamar ante instancias judiciales (no excluyen la propia Corte Suprema) la nulidad del procedimiento que el oficialismo dio por aprobado en la Cámara Baja.
El argumento de la Casa Rosada para dictar la amnistía a los capitales irregulares se apoya en la proclamada esperanza de que los beneficios que ofrece los atraigan a estas playas. Se calcula que unos 123 mil millones de dólares de argentinos están depositados en el exterior. Se ofrece a los fondos que quieran repatriarse una notable gracia: la garantía de que no se le requerirán datos sobre el origen y el pago de apenas entre el 1 y el 8 por ciento para blanquearse (la tasa que pagan los no evasores, los contribuyentes leales, alcanza el 35 por ciento). Ese premio a la evasión fiscal (que el muy eficiente ex administrador de la AFIP, Alberto Abad, definió como "crimen contra la cultura tributaria") difícilmente tenga éxito, por otra parte. Lo que impulsa a los capitales hacia el exterior no son las "gangas", sino la búsqueda de seguridad jurídica: ese es el motivo por el que se calcula que en el último año huyeron del país 20.000 millones de dólares, una fuga más notable que la que Argentina padeció en plena crisis 2001-2002.
Los más suspicaces consideran que los únicos que pueden interesarse en la amnistía oficial a los capitales irregulares son los que necesitan blanquear dinero negro, proveniente de actividades ilícitas (desde los resultados de la corrupción y las coimas a los fondos originados en el narcotráfico, el delito organizado, las redes del contrabando, la trata de personas, etcétera). De hecho, este temor ha sido puesto de manifiesto no sólo por la previsible oposición política local, sino por las organizaciones globales que controlan los movimientos del dinero clandestino, que entrañan amenazas a la seguridad de las naciones, pues terminan traduciéndose en fortalecimiento del terrorismo y de las organizaciones criminales. El proyecto oficial ha motivado el severo escrutinio de la GAFI ( una fuerza intergubernamental de tareas que tiene por objetivo el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la cual el país es miembro); no cumplir con los compromisos que emanan de esas organizaciones supondría reforzar el ya notable aislamiento que sufre la Argentina. Más grave aún: que capitales originados en los carteles del narcotráfico recurran al lavadero argentino se traduciría en un incremento de las actividades (los crímenes y el ensanchamiento del poder) de esos sectores en el país. A la luz de esos riesgos y amenazas, hasta la plaga del "capitalismo de amigos" parece más benévola.
Lo que vendrá
El creciente desorden bajo los cielos kirchneristas y su progresiva anemia parlamentaria representan una pesadilla para la Casa Rosada, a la luz del calendario electoral y la evolución de la crisis económica. La última semana Néstor Kirchner infló el pecho y les vendió confianza a varios de sus seguidores, asegurándoles que "ganaremos las elecciones del 2009". Se regodeó con la idea de que esa victoria desmentiría los pronósticos de la prensa: "La gozaremos más", dijo. Kirchner actuaba menos como vaticinador que como jefe de huestes vacilantes. ¿A qué oficiar de oráculo? Como enseñaba Cicerón: "Nada se gana con saber lo irremisible, pues es una desdicha atormentarse en vano".
No en el lejano mes de octubre, sino hoy mismo, en vísperas de las fiestas de fin de 2008, las encuestas indican que el oficialismo perdería al menos 4 de los principales distritos: Capital, Córdoba, Santa Fé, Mendoza. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la esperanza oficialista, pero allí viene mal barajado en los pueblos rurales y, además, los municipios del primer cordón del Gran Buenos Aires suelen votar siguiendo las mismas tendencias porteñas. La ilusión se concentra en el núcleo duro del segundo y tercer cordón granbonaerenses.
El kirchnerismo tiene, en cualquier caso, el problema de los candidatos en la provincia de Buenos Aires; sólo cuenta con dos nombres que atraen intención de voto, pero por el momento tienen ocupación: son el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gabinete Sergio Massa.
La idea de que el mismísimo Néstor Kirchner tome la bandera de una candidatura (a senador o a diputado) tiene su plausibilidad desde la perspectiva de un sinceramiento de la situación y la búsqueda de levabntar el espíritu de sus ejércitos; pero los estudios demoscópicos no son alentadores. Al ex presidente sólo se le asigna un 9 por ciento de intención de voto.
Así y todo, Kirchner podría no estar demasiado lejos de la verdad cuando se proclama ganador a condición de que por ganar sólo se entienda salir primero. Podría ocurrir que el kirchnerismo consiguiera sacar más votos que cada una de las fuerzas que se le opongan. De hecho, a eso ha quedado reducida su estrategia electoral. Sucede, con todo, que si salir primero ante una oposición dispersa sólo equivale a obtener el 28 a 34 por ciento de los votos, esa presunta victoria se transformaría en una victoria a lo Pirro. Es que las del 2009 son elecciones parlamentarias (y en ellas el oficialismo es el que más bancas pone en juego). Con esos porcentajes, Kirchner perdería su ya desflecado poder parlamentario y lógica consecuencia- caerían los superpoderes, se modificaría la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura que controla la disciplina judicial y se terminaría de indisciplinar el redil del justicialismo que aún obedece a Olivos. El peronismo buscaría nuevos ejes de reagrupamiento.
Aún si, pese a los esfuerzos que hoy se observan, las fuerzas de la oposición no hubieran conseguido para los comicios próximos suficiente coordinación y convergencia, sin duda estarían en condiciones de coincidir en el Congreso con bancas suficientes para acotar las arbitrariedades del Ejecutivo. El kirchnerismo, acostumbrado a gobernar con la suma del poder y la caja, se encontraría ante un dramático momento de decisión. Cruel incertidumbre.