Sin embargo, aún considerando ese rédito informativo para el oficialismo, es probable que la señora de Néstor Kirchner haya pecado de optimismo excesivo cuando, dos semanas atrás, refiriéndose a la crisis financiera global, dictaminó que "mientras el primer mundo se derrumba (
) aquí estamos nosotros, firmes en la marejada".Si las derivaciones del vínculo con dineros sospechosos perdieron algo de centimetraje en los diarios, empezaron a entrar en el cuadro asuntos potencialmente más sensibles, primeras consecuencias de la crisis global. En la última semana, por ejemplo, dos empresas automotrices difundieron malas noticias. Peugeot-Citroën, por caso, suspendió una hora por turno la producción de su planta de Caseros. Por su parte, General Motors informó que detendrá por completo su actividad en su planta de Rosario en la última semana de octubre. Conviene recordar que las fábricas de automóviles han actuado como motor principal de los índices de producción en los últimos años. Ahora alegan como causa del paráte una caída de la demanda brasilera; esa merma también empieza a verse en el mercado interno. El sindicato de mecánicos, que encuadra gremialmente a la mayoría de las automotrices, no oculta su preocupación.
No ayuda a mantener el bote firme en materia de inversiones el hecho de que Morgan Stanley haya retirado a la Argentina de la lista de países emergentes, para hacerla descender a la categoría de "mercado emergente de frontera". Esto implica perder aún más oportunidades en materia de inversión extranjera, ya que esa calificación, una de las más bajas, abarca a países con serios riesgos institucionales, menor desarrollo de mercado, poca liquidez y fuertes restricciones de capitales.
Otra signo que afecta la "firmeza en la marejada" es la caída del precio de la soja y otros productos de la canasta exportadora argentina. La última semana, la soja anduvo por debajo de los 400 dólares la tonelada, un 40 por ciento menos que las formidables cotizaciones que a principios de 2008 encendieron la codicia confiscatoria del gobierno nacional. Ahora la caja central debe hacer previsiones a la baja, precisamente cuando arrecia la marejada externa y cuando las provincias y los municipios se hacen oir con reclamos.
El proyecto de presupuesto para 2009 prevé distribuir por coparticipación apenas un 24,5 por ciento de los recursos que percibe la caja central. En la década anterior las provincias se repartían un 42 por ciento; la ley de coparticipación establece un piso mínimo de 33 por ciento. No es extraño, entonces, que los distritos se quejen.
Esta semana se oyeron cuestionamientos de dos gobernadores de peso: Daniel Scioli y Mario Das Neves. El gobernador de Chubut lo hizo en un acto público que fue interpretado como el lanzamiento, a tres años vista, de su candidatura presidencial. Scioli, un hombre que se maneja con prudencia, planteó la necesidad de que la provincia de Buenos Aires "recupere los puntos coparticipables perdidos".
Los bonaerenses sostienen que en los primeros ocho meses del año 2008 la provincia perdió más de 1.500 millones de dólares en recursos que la caja central no coparticipa, como las retenciones o distribuye menguadamente, como el impuesto a los créditos y débitos bancarios (el impuesto al cheque)del que sólo reparte un 30 por ciento.
De hecho, para subsistir, el impuesto al cheque debe ser prorrogado por el Congreso y este no será un paso sencillo para el gobierno nacional, ya que, como parte del frente de tormenta que se está gestando alrededor del tema de los recursos que acumula la caja central, varios representantes de provincias condicionan la prórroga al cumplimiento de dos puntos: el primero, aumentar decisivamente la porción del gravamen que va a las provincias; el segundo, abandonar de una vez los llamados superpoderes del Ejecutivo.
Los reclamos contra el centralismo fiscal se agudizaron a partir de marzo y al ritmo de la movilización agraria. La protesta del campo se extendió hasta transformarse en una rebelión de la Argentina interior que puso sobre la mesa la crítica al modelo centralista confiscatorio del gobierno (que refuerza la dependencia política de los poderes locales) y la reivindicación de una justa distribución territorial de la riqueza.
Durante aquellas jornadas, fue la potencia del campo la que arrastró la reivindicación posterior de provincias y municipios.
Lo interesante de la situación actual es que el reclamo de provincias y municipios empieza a hacerse oir no a posteriori, sino en paralelo con el lanzamiento de una nueva movilización campesina, en una insinuación de convergencia de reivindicaciones sectoriales y generales, económicas y políticas.
Las entidades gremiales agrarias y los campesinos autoconvocados han vuelto a las rutas a manifestar su protesta por la inacción del gobierno, que, desde que dio de baja, a regañadientes, la célebre Resolución 125, casi tres meses atrás, no ha tenido ningún comportamiento positivo hacia el campo, ni siquiera ante la evidencia de los desastres que viene produciendo una sequía histórica. Siguen las limitaciones para exportar y para producir, sigue una bicicleta de trabas e indefiniciones que los hombres de campo interpretan como una guerra silenciosa, la venganza oficialista por la derrota sufrida en julio en el Congreso y en las calles.
Sin abandonar su lucha y sus reivindicaciones específicas, el campo piensa en esta ocasión menos en repetir en las rutas jornadas como las del primer semestre, que en contribuir a una nueva convergencia con las fuerzas que permitieron en julio el triunfo en el Congreso. En ese sentido, vale la pena observar con atención cómo evolucionan en el campo legislativo y político las acciones destinadas a frenar los superpoderes y a mejorar el reparto impositivo territorial, que contarán con el respaldo del campo.
El gobierno, procurando mostrar al mal tiempo buena cara, empieza sin embargo a comprender que se acabó el tiempo de vacas gordas. Se ha dado vuelta la página de los precios estelares de la soja, la inflación se comió la ventaja cambiaria que suministró la devaluación, el consumo interno se restringe, los recursos fiscales se encogen y, del otro lado, provincias y municipios quieren mejorar su cuota mientras los gremios buscan reabrir paritarias o recibir compensaciones por los efectos de la inflación. Todo esto sin olvidar que "el primer mundo se derrumba como una burbuja".
Toda una proeza mantenerse firme en las marejadas que se preparan.