El abogado Carlos Humberto Saravia, asesor de un grupo de policías que participaron del autoacuartelamiento y del corte de ruta de comienzos de febrero, dijo que "se está violando el compromiso asumido en un principio y que determinó el cese de las medidas de fuerza. Lo que me preocupa es que si la firma del acta contó con la presencia y con la voluntad explicitada del Ministro de Justicia y del Secretario de Seguridad, por qué el Jefe y Subjefe de policía están disponiendo medidas que notoriamente se contraponen con lo que se acordó, manifestó el abogado. Asimismo aseguró que se habían comprometido que los traslados sólo se iban a realizar por razones de servicios, lo que no se está respetando. Gente de capital está siendo trasladada a Nazareno, a La Unión... Por eso creo que es un intento de tomar represalias, como lo vinieron haciendo todo el tiempo, agregó Saravia.Según el abogado, hay 430 sumarios cuando en realidad hubo casi 6 mil personas que adhirieron a la medida de fuerza. Entre esos 430 ponemos el acento sobre los traslados de toda la gente que había tenido algún tipo de representatividad con algunas dependencias o unidades.
Para Saravia no existe la forma de justificar que los traslados obedecen a razones de servicio. Es claro el intento de proceder a ejecutar un castigo anticipado. No nos oponemos a que exista el trámite de un sumario donde se despliega un derecho de defensa. El problema es que cuando se dispone un traslado, se quiebra la unidad familiar, se produce un desarraigo, y se socava el patrimonio mensual que tiene cada uno de los empleados asalariados, aseveró el abogado.
Añade Saravia que que la fuerza de seguridad tiene que tener una correspondencia con el destino que se le otorga. Lo que discuto es que las cosas son muy arbitrarias, por ejemplo, un agente de apellido Heredia, de Tartagal, que tenía la casa inundada por el alud, como había participado de la medida este señor fue trasladado a Alto la Sierra en medio de la catástrofe natural; así lo excluyen de la ayuda que estaban dando al resto de los damnificados. El subcomisario Lobo le negó el registro en el marco de una represalia porque no aceptan que hubiera podido ejercer un derecho, que para mí sigue siendo constitucional, comentó el abogado.
Saravia contó que el problema de Heredia fue solucionado después de que los abogados salieron a plantear la situación y entendió que las explicaciones que salió a dar el subjefe son absurdas. Él dijo: a esa persona la mando a Alto la Sierra, pero lo que tenía que tener en claro es que éste era un damnificado por el alud, con todo su grupo familiar, con hijos menores de 3 y 6 años. Yo creo que hay arbitrariedad, represalia y castigo y hay desquite por imperio de la voluntad de personas que tendrían que tener mucha más capacidad, afirmó.