Por su parte, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) aprobó promover el inicio de acciones legales para que en Salta se "detengan urgentemente la destrucción del medio ambiente, decretando la inmediata suspensión de los procedimientos administrativos que tiendan a otorgar autorizaciones que impliquen desmontes y que se detengan los efectos de las ya otorgadas, como así mismo se impida la tala ilegal". Graves consecuencias
Según la consejera y docente de la Facultad de Humanidades Catalina Buliubasich, es un dato preocupante que, entre enero y octubre del año 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno de Salta (SEMADES) haya autorizado el desmonte de 350.000 hectáreas en el Norte de la Provincia.
La sede regional de Tartagal de esa Universidad dice que "la tala de árboles ha depredado las especies nativas con graves consecuencias para el medio ambiente local" y "profundiza la pobreza estructural de grandes sectores de nuestras comunidades, ya gravemente excluidos como consecuencia de las políticas privatizadoras de la empresas del Estado implementadas desde los ´90". Estas acciones incrementan "dramáticamente la situación de despojo de la propiedad de la tierra de las diferentes etnias que habitan esta región".
El documento menciona estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que mediante la aplicación del índice de Dinámica Agrícola, con el que se localizan áreas en donde los usos del suelo pueden resultar adversos para la sustentabilidad ambiental, detectó "cuatro zonas críticas, ubicadas en el Umbral al Chaco". Dos de ellas están en territorio de la Provincia de Salta.
La opinión del gobierno de Romero es muy distinta. No sólo lamenta que se haya avanzado en la implementación de la llamada moratoria forestal sino que asegura que cualquier medida que ponga límites a la tala indiscriminada de bosques condena a Salta a compensar la contaminación de de la Argentina rica y desarrollada. Para el gobierno local estas medidas afectan la autonomía provincial.
Parte de los campos desmontados pertenecen a funcionarios del actual gobierno de Salta y otros, según se sabe aquí, son propiedad de personas que actúan como testaferros de altos funcionarios. Otros campos pertenecen a socios o amigos del gobierno local. "El secretario de Medio Ambiente ha actuado no sólo con excesivo criterio permisivo sino que la suya ha sido una complacencia demasiado evidente y sospechosa", critican.
Urtubey por la moratoria
Por el contrario, el gobernador electo Juan Manuel Urtubey afirma que los desmontes indiscriminados constituyen un grave problema y que el gobierno de Salta tiene una posición equivocada sobre este tema, basada más en un punto de vista unilateral, el económico de corto plazo, que en una visión de conjunto y de largo plazo. Para Urtubey el gobierno de Salta se maneja con conceptos elementales sobre esta compleja y delicada cuestión. En esas opiniones prevalece una suerte de fundamentalismo depredador de corto plazo.
En el nuevo esquema institucional que está diseñando Urtubey, la Secretaría de Medio Ambiente se transforma en Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Para Urtubey el concepto de desarrollo sustentable debe ser incorporado al momento de definir las políticas de Estado en esta área tan sensible. Para el gobernador electo la solidaridad entre generaciones es un valor que hay que proteger. No es admisible que en menos de una generación, en menos de diez años, se haya destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en generar.
La situación indígena
El Foro Salteño por la Tierra señala en un informe que en Salta "se evidencia el progresivo deterioro ambiental y social, reflejado en el acelerado incremento de las áreas de desmonte y el impacto directo que este provoca sobre las comunidades indígenas y para todos los habitantes de la zona".
En una declaración conjunta de dirigentes de comunidades aborígenes e instituciones de comunidades de Rivadavia, San Martín y Orán convocados por la Diócesis de Orán, los indígenas criticaron los cambios irreparables del medio ambiente por la deforestación, la falta de accionar por parte de las autoridades ante estos atropellos, y las graves consecuencias que ello acarrea para su cultura y su supervivencia. Las comunidades documento exigen "el cumplimiento de los derechos territoriales y el inmediato cese de los desmontes".
Ritmo galopante
Moratoria para la tala de bosques es el título de la editorial de hoy del diario La Nación de Buenos Aires, en la que señala la gravedad de la situación provocada por los indiscriminados desmontes autorizados y estimulados por el gobierno de Salta. Este es el texto de la nota editorial de La Nación.
Los bosques de la Argentina siguen cayendo bajo las topadoras a ritmo galopante. Se ha estimado que, en promedio, las provincias del Norte argentino se despojan de sus bosques a razón de media hectárea por minuto, mientras el Senado discute esta misma semana los detalles de una ley nacional para detener el desmonte a través de una "moratoria forestal".
Pocos ciudadanos de esta Buenos Aires eminentemente urbana saben que las tipas que engalanan muchas de las calles porteñas, los jacarandaes que en estos días lucen su explosión azul de flores o los lapachos, de bellísima floración rosada pocos meses atrás, conforman en las provincias norteñas verdaderas masas forestales junto con el algarrobo, tal vez el árbol nativo más difundido en el país, el quebracho y varios centenares de especies menos conocidas, pero muy valiosas.
El valor de los bosques no radica sólo en su belleza, sino en que estos complejos ecosistemas albergan más vida que ningún otro -los científicos tienen la certeza de que aún no han sido descubiertas todas las especies de los bosques argentinos-, resguardan los suelos de la erosión, protegen arroyos y ríos, y por ende la calidad del agua.
La ley de bosques tiene el apoyo de más de veinte organizaciones ambientales y sociales, encabezadas por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace. Logró la adhesión de casi un millón y medio de firmas de ciudadanos. Dispone del empuje de autoridades de alto rango del ejecutivo nacional, como la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el presidente de Parques Nacionales, y recibió media sanción de la Cámara baja por mayoría cercana a la unanimidad.
Recientemente, se han sumado voces de adhesión desde organizaciones de corte netamente agrícola, que reconocen que al mundo ya no le gusta una agricultura que destruya el ambiente.
¿Por qué se ha retrasado la aprobación definitiva de una ley tan básica y necesaria? La razón de estas horas es que provincias como Misiones, Formosa y Salta temen quedar rezagadas en sus posibilidades de desarrollo, al congelar los desmontes mayormente dedicados a habilitar nuevas tierras de cultivo, que ofrecen inmediatas ganancias.
Sus representantes deberían entender que esto no es así. En primer lugar, porque la moratoria no es permanente, sino transitoria, hasta tanto se definan los planes de ordenamiento territorial en las provincias.
En segundo término, porque gracias a una bienvenida iniciativa tejida en el Senado, la Nación establecería el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que debería gozar de por lo menos el 0,1 por ciento del presupuesto nacional anual para respaldar a distritos, cuyos bosques pretendemos preservar en beneficio del país y de las generaciones futuras.
Finalmente, porque la norma está lejos de proponer que no se toquen los bosques. Estos podrán proveer maderas y otros productos en cuotas que no alteren el ecosistema, algo que la Fundación Vida Silvestre, en particular, viene desarrollando a través de la Red de Comercio Forestal Responsable.