¿Sería mucho pedir casa trabajo y comida?

La expropiación de tierras pareciera ser una solución al alcance de la mano de algunos diputados y sectores sociales marginados para solucionar el déficit habitacional que sufren muchos salteños. Diputada provincial Cristina LoboEn una mirada veloz sobre el tema se pueden entrever algunos proyectos emergentes. Por ejemplo, el Senado de la Provincia aprobó el jueves pasado una Ley de expropiación de tierras del asentamiento Mera Figueroa, promovido por la diputada Cristina Lobo. La sanción de esta ley permitirá a más de 140 familias que hoy viven en situación de riesgo socio-sanitario en el asentamiento conocido como Mera Figueroa contar con la dignidad de una vivienda propia; sin embargo, según reconoce la propia diputada “esto es un paso solamente”, y es que los vecinos no cuentan con los servicios básicos.

También la semana pasada, el Partido Obrero (PO) exigió en la Cámara de Diputados la expropiación de los terrenos de la familia Pereyra Rozas, donde se propone la construcción de un plan de viviendas populares (unas cinco mil) en ese predio ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta. Este proyecto contempla, además, que las viviendas se financien con un fondo compuesto de la contribución obligatoria de las empresas salteñas que tengan una facturación de $5.000.000 (pesos cinco millones).

En el acta de labor parlamentaria de hoy se incluirá el proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación a unos doscientos inmuebles del barrio Mitre de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, para ser transferidos a sus actuales ocupantes. El proyecto pertenece al diputado Oscar Salvatierra del Bloque Justicialista.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que de los 50 barrios registrados en Orán, el cincuenta por ciento son asentamientos. El 22 de mayo pasado en uno de esos asentamientos ubicados en el barrio El milagro y faltando pocos días para que se cumpliese un año del violento desalojo de San Expedito en Salta Capital, la policía de Orán por orden de la jueza Norma Vera protagonizó otro episodio represivo. Las cifras no oficiales revelan que el déficit habitacional en esa ciudad es de 14 mil viviendas aproximadamente.

Los pedidos de expropiación y sus sanciones de Ley evidencian preocupación -la emergencia es válida para sectores que no merecen ni pueden esperar más-, pero ¿realmente representan una solución? Los desplazamientos migratorios internos de una provincia que lidera el índice de desempleo de Argentina, producen la conformación constante de nuevos asentamientos. El problema de la vivienda no es sólo la posesión de un terreno, ni la salvedad de un techo -aunque es un aspecto principal y urgente- también se trata de que ese terreno y ese techo cumplan con la condiciones elementales para ser habitadas, pero sobre todas las cosas, que la familia que la habita pueda contar con los ingresos para sostenerla. Esto no se hace solo con expropiaciones, se precisa planes efectivos, a largo plazo, que contengan las explosiones demográficas y contemplen soluciones de base. De lo contrario las familias que hoy obtienen su inmueble a merced de un proyecto emergente de expropiación serán los próximos observadores de otro San Expedito, otro El milagro, o el asentamiento de turno que algún juez mande a desalojar.