Ayer se conocía el texto de una comunicación dirigida por la ministra renunciante al gobernador en la que se revela lo que más o menos todo el mundo ya sabía: Que la renuncia de ministra fue motivada por el "error" hallado en la enciclopedia distribuida por el gobierno en las escuelas públicas y que consistió en la publicación de un mapa en el que las Islas Malvinas aparecen nombradas como Falkland Islands.Pero de la misma carta se desprende que la ministra no presentó su renuncia de forma espontánea sino que fue requerida para ello. Esta circunstancia invierte los términos del proceso de responsabilidad política, por cuanto queda claro que no fue la señora Torino de Morales quien decidió asumir la suya, sino que fue el gobernador el encargado de ejecutarla.
La exministra ha pagado a un precio bastante elevado su bisoñez política, por cuanto no debió haber esperado el pedido de renuncia y, sobre todo, porque pudo haber omitido en su carta la siempre delicada mención a la forma en que le fue solicitada la dimisión. Recuérdese que Torino, en su carta, "lamenta" que no hubiera sido el gobernador en persona quien se la solicitara.
Por otra parte, las menciones a su "inocencia" respecto del tema del mapa y el detalle de su marcha "con la frente alta" revelan que la exministra no ha acertado a descodificar acertadamente las señales de su entorno. Pocos, a estas alturas, dudan de que "las culpas" del desliz editorial (si cabe expresarse en estos términos) estaban en otro lado, no en el Ministerio de Educación; y muy pocos podrían haber dudado de que la salida de la exministra se produjo en un contexto de gran dignidad personal.
La exministra equivoca finalmente el enfoque cuando en aquel contexto reivindica para sí el ejercicio de un "derecho de defensa" que suele ser normalmente inexistente cuando se trata de las relaciones de confianza que vinculan a un gobernante con un ministro por él designado.
Del lado del gobierno la cuestión tampoco parece haberse encarado del modo más adecuado.
En primer lugar porque ante la evidencia incontrastable de la existencia de una errata cartográfica de cierta entidad, como la detectada en la enciclopedia, su primer reflejo debió de encaminarse a quitar hierro al asunto, minimizando su trascendencia. Nadie, ni el nacionalista más ultramontano se hubiera atrevido a poner en duda la opinión del gobierno de Salta respecto a la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, por el solo hecho de que un manual editado por una editorial privada citara a aquellas islas como Falkland.
En cualquier sociedad medianamente civilizada, la primera solución a contemplar es la retirada de los libros de la circulación, rescatando los entregados y suspendiendo la entrega de los pendientes. Pero lo que se anunció fue la enmienda del error a través de una pegatina. La solución no convenció a nadie, porque el error era "mucho error" y lo que correspondía era que la contratista del Estado hubiera rescatado los libros y procedido a su reimpresión, a su costa.
A la luz de la última carta de la señora Torino de Morales, al gobierno le faltó también el tacto necesario para acordar con la renunciante ciertos aspectos formales, como la discreción necesaria que ambas partes deben guardar en momentos de crisis como este. En este punto, parece sobreabundante la afirmación final de la exministra en el sentido de que "no se benefició personalmente de contratación", lo cual más que una reivindicación de la honradez propia parece un reproche a alguna falta de honradez ajena, que da pie, cómo no, a innumerables especulaciones.
A veces los gobiernos aprenden sobre la marcha.