Hoy se ha vuelto a poner de relieve aquella situación paradojal, a raíz de artículo publicado en el diario español El Mundo, titulado "Dime de qué nacionalidad eres...", que valora críticamente la postura de la opinión pública estadounidense a favor de la inocencia de Amanda Knox (también conocida por su nombre de guerra de Foxy Knoxy), una estudiante de intercambio de sólo 22 años, condenada a 26 años de prisión por un tribunal de Perugia, Italia, que la encontró responsable -junto con otras dos personas- del asesinato de otra estudiante, Meredith Kercher, de origen inglés.Para Ricard González, autor de artículo citado, la cobertura del caso de Amanda Knox que han hecho los medios norteamericanos "deja mucho que desear", porque, en su opinión, la cobertura "demuestra, por desgracia, que las banderas y el patriotismo a veces ciegan el rigor periodístico".
Prosigue González diciendo que "ya durante el juicio, y más aún después de la sentencia, la prensa norteamericana ha presentado a la joven norteamericana como una pobre inocente que sufre las consecuencias de un sistema judicial inepto e injusto. Algunos han comparado el proceso con nada menos que la Inquisición. Otros se han apuntado a la trasnochada teoría de la senadora Maria Cantwell -como Knox, del estado de Washington- de que el veredicto era resultado del anti-americanismo de la sociedad italiana".
Hasta aquí, la crítica al "patriotismo" judicial norteamericano es implacable y certera. Para los americanos Knox es inocente no sólo por ser americana, sino también por ser joven, bonita y portar una cara de no haber roto nunca un plato. Si Knox fuese negra y gorda (afro-american o over-eating) otro gallo seguramente cantaría.
El caso es que el buen tino del señor González se pierde cuando afirma que "De hecho, estoy convencido de que si en lugar de haber sucedido el crimen en Perugia, hubiera sido, por ejemplo, en Houston, Amanda estaría ya en el corredor de la muerte. Como Pablo Ibar, un español al que la prensa norteamericana no ha hecho ningún caso en sus proclamas de inocencia, y de que se produjeron errores en el proceso judicial".
Para la opinión púbica española, para los españoles en general, cualquier español que se encuentre preso en el extranjero, con o sin condena, es inocente. Sobre todo, cuando se encuentra preso en países del tercer mundo, cuyos sistemas judiciales la opinión pública española desprecia y desconfía de la misma forma que los norteamericanos valoran al sistema italiano como "inepto e injusto".
El ecologista de la pajarita
Los medios españoles han vuelto a romper sus propias marcas con la defensa absurda, no ya de la inocencia sino de la antijuricidad de la acción del señor Juan López de Uralde, máximo responsable de Greenpeace España, que durante la última cumbre sobre el cambio climático y en coincidencia con la presencia en Copenhague del Presidente Barack Obama, irrumpió en una cena de mandatarios con unas pancartas que contenían una descalificación a los políticos.
La organización ecologista que dirige López de Uralde ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que el detenido se encuentre en situación de aislamiento y sin juicio hasta el próximo día 7 enero.
Los ambientalistas españoles, el propio gobierno y, desde luego, la familia, desean que el señor López de Uralde vuelva a casa por Navidad, que tome las uvas en su tierra y no en la fría prisión danesa en la que se encuentra por un quítame allá esa pancarta.
Si ha cometido un delito en un país que se toma en serio este tipo de cosas, es un dato menor, por cuanto López de Uralde ha obrado "sólo por defender al clima", una circunstancia exculpatoria no recogida en ninguna ley penal del planeta.
No quisiera pensar qué ocurriría si el líder de Greenpeace hubiese sido arrestado por un delito similar, no en Dinamarca, sino en el Ecuador o en las Filipinas. La reacción de la opinión pública española apuntaría no ya a la levedad o a la inexistencia del delito sino a la ineptitud tercermundista del sistema de justicia de estos países.
López de Uralde está acusado de falsificación de documentos, de pretender ser una autoridad jurídica, de entrar sin permiso en un lugar privado y de alterar un acto con presencia de la reina de Dinamarca. Un eventual juicio podría cerrarse con una condena de seis años de prisión.
Si un dinamarqués cometiera los mismos actos en territorio español, dejando de lado las asimetrías de las respectivas legislaciones penales, es posible que los daneses pusieran el grito en el cielo. Pero es casi seguro que los españoles (que se calzan "la roja" no sólo en asuntos deportivos) no lo harían.
La moraleja de esta historia es que, a pesar de los cada vez más intensos movimientos humanos a través de las fronteras de los países, no pierde vigencia el sabio consejo que dice "a donde fuéreis haz lo que viéreis". Una cena de mandatarios de una cumbre planetaria no es un partido de la Copa de la UEFA y es perfectamente comprensible que haya reglas diferentes. Es muy difícil -por no decir sospechoso- que a una organización de la envergadura de Greenpeace se le haya escapado el pequeño detalle del "coste jurídico" del acto de protesta. De ser así, estaríamos no sólo frente a un fraude sino ante una falta de respeto mayúscula a la soberanía de un país socio de la Unión Europea.
España y los españoles pueden simpatizar con la causa ecologista pero no por ello aplaudir la violación de las normas jurídicas de los países extranjeros.