Luego del traspaso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Salta a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (ocurrido en 1995 mediante un acuerdo entre el Gobierno local y el Ministerio de Trabajo de la Nación), los jubilados salteños vienen sufriendo el congelamiento o insuficiente actualización de sus haberes.Esta situación donde se alternan períodos de congelamiento (que alcanza a quienes cobran haberes superiores a los 1.000 pesos) con actualizaciones parciales que no llegan a compensar las pérdidas ocasionadas por la inflación ni sirven para acercar las jubilaciones a las remuneraciones de los empleados públicos en actividad, está generando una enorme deuda social.
Fuentes no oficiales han estimado esta deuda en una cantidad que oscila entre los 300 y los 500 millones de pesos, si se tienen en cuenta los siete años que dura el desconocimiento de los derechos a la movilidad de las jubilaciones que garantiza la Constitución de Salta y la Ley que, pese a su derogación, regula los beneficios otorgados antes de la transferencia.
Doña María Elena Jiménez expresó que "Hasta ahora no pasa nada, porque en realidad no se define la situación, los fondos están, pero nadie sabe qué se hace con el país, ni qué se va a hacer, ni cómo se dispone el dinero".
Para luego añadir que, "Tenemos que hacer un esfuerzo similar al hecho por el campo. Todo depende de que nosotros seamos capaces del reclamo. Acá no esperemos una dadiva del gobierno de Salta que tiene un Ministerio de Previsión sin que exista una Caja de Jubilaciones".