Por eso me parece importante destacar la iniciativa de la ministra Nora Giménez de crear en Salta algo así como un Instituto de Formación Sindical, porque en caso de acertar con los programas y los docentes (algo que se adivina muy difícil), es muy posible que Salta cuente, en poco tiempo con una nueva generación de sindicalistas, más y mejor preparados para defender los derechos de los trabajadores, con conocimientos de economía laboral (y no sólo de leyes, reglamentos y convenios) y una terminología técnica más adecuada.Precisamente en materia de terminología, es notable cómo tanto sindicalistas (sindicalizados o autoconvocados) como periodistas salteños, e incluso agentes del mismo gobierno, hablan con total soltura de "salario en negro", de "blanqueos" e, incluso últimamente, de "empleo estatal en negro".
Por definición, el Estado, como agente empleador, no puede realizar ni pagos en negro ni contratar a personal sin un acto administrativo que lo autorice. Lo que lo impide no es otra cosa que la vigencia del llamado "principio de legalidad" que informa (o debiera) todos los actos de los poderes públicos.
Un pago "en negro" no significa otra cosa que un pago clandestino, no documentado, que se realiza generalmente en fraude de ley con el propósito de burlar la fiscalidad vigente u ocultar la operación de modo que resulte opaca a los controles administrativos.
¿Puede entonces el Estado pagar "en negro"? La respuesta debiera de ser rotundamente negativa.
Personalmente no entiendo cómo ni por qué los ministros de Educación o Hacienda no salen a defender públicamente que el Estado ni paga salarios ni emplea "en negro".
Lo que sindicalistas y cierta prensa tiende a llamar "pagos en negro" son, en realidad, partidas salariales perfectamente documentadas y respaldadas contablemente que, sin embargo, no cotizan a la Seguridad Social, no generan "derechos", en el sentido en que el empleador puede retroceder estos beneficios casi a voluntad, y que no siguen una lógica económica sino, más bien, acompaña la dinámica de los conflictos, en los que muchas veces operan como "parches".
Por discutible que sean estas cantidades en cuanto a su procedencia, su legitimidad o, incluso, su adecuación a las prácticas remunerativas más eficientes, lo cierto es que no se trata ni de pagos secretos, ni clandestinos, ni hay en ellos sospechas fundadas de fraude de ley. Cualquier funcionario público que autorizara un pago clandestino estaría cometiendo un delito.
Algo parecido sucede con las designaciones y contrataciones de personal al servicio de la Administración del Estado. "Empleo en negro" significa empleo no registrado, aquel que se resuelve y agota en lo que coloquialmente se llama un "tome y traiga". Nadie puede trabajar para el Estado en estas condiciones, y si alguna situación aislada de este tipo existiera, es mucho más probable que nadie que se encuentre en una situación de irregularidad tal pueda percibir contraprestación alguna por un "trabajo" que carece de causa-fuente legal.
Ahora se tiende a llamar "empleo administrativo en negro" a los numerosos parches a los que recurren los gobiernos, generalmente los nuevos, para llevar "su gente" a las oficinas públicas. Se tiende a identificar "empleo en negro" con "falta de estabilidad administrativa" y esto no deja de ser un error, no tanto terminológico, como jurídico y político, que puede acarrear consecuencias disvaliosas para el Estado y para las fuerzas sindicales.
Si casi todo el mundo ve con simpatía la lucha de los trabajadores por reducir la discrecionalidad del empleador público en cuanto a la definición de la estructura salarial y por instaurar una carrera administrativa con estabilidad que sea inmune a las vicisitudes políticas, ya es menos admisible que quienes llevan adelante esta lucha achaquen al Estado "operar en negro", no sólo porque ello desnaturaliza y degrada la función estatal sino que deja muy mal parados a los propios representantes de los trabajadores, que, se supone, en algún momento han tolerado estas prácticas.