Esta orden regulatoria es fruto de tareas de constatación realizadas por técnicos de dicho ente en la zona y a pedido de los vecinos de la comunidad barrial. Según dicho estudio, además de las afectaciones estructurales al servicio, el año pasado, entre los meses de enero y noviembre, se registró un total de 274 afectaciones no estructurales, las que significaron casi un 10% de afectación al servicio. La orden regulatoria pone de manifiesto la evidente situación de riesgo para la salud pública. Esta orden se fundamenta, entre otras normas, en la Ley Provincial 6835, que delega en el Ente Regulador la potestad de disponer lo necesario para que los servicios se presten con los niveles de calidad exigibles en cuanto a regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad y conforme las estipulaciones contractuales, previendo el derecho del usuario a acceder a un servicio que proteja su salud y a recibir un trato digno y equitativo.