La nueva norma faculta al Ejecutivo nacional a asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia, las que serán destinadas al financiamiento para la asistencia de los productores agropecuarios afectados por fenómenos climáticos y para la recuperación de la capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias y que afectaron distintos cultivos.Será el Gobierno provincial, en coordinación con el municipal, el que determine los daños producidos e identificará a los damnificados. La norma suspende, además, hasta 90 días hábiles posteriores a la finalización de la emergencia, la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de deudas vencidas con anterioridad.