En el cuatrimestre (marzo/julio) durante el cual la movilización de los productores agropecuarios transformó el mapa político y social del país, los agricultores salteños se mostraron divididos: De un lado las organizaciones tradicionales, que en su mayoría guardaron silencio para no irritar a los poderes del Estado o como expresión de beneplácitos sectoriales (como fue el caso de la Cámara del Tabaco).
Y, de otro, los productores que desbordando los cauces formales resolvieron autoconvocarse y acompañar las protestas lideradas por la Mesa de Enlace que coordinó las acciones reivindicativas en todo el país.
Ahora, en la semana anterior, las fuerzas de la producción que actúan en Salta han decidido crear una instancia que reúna a ambos sectores.
En aquel cuatrimestre reivindicativo, el campo atinó a enlazar sus reivindicaciones sectoriales (moderación de las retenciones), con auténticas banderas propias del interés general (federalismo, Estado de Derecho, cohesión territorial y social).
Cuando, tras el voto dirimente emitido por el Vicepresidente de la República, Julio Cobos, los aspectos sectoriales parecieron entrar en una etapa donde los intereses corporativos de los agricultores (en especial los pampeanos) eran atendidos, la Mesa de Enlace, y también los autoconvocados salteños, fueron abandonando sus demandas federalistas, republicanas y solidarias.
A juzgar por sus hechos y declaraciones, los productores agropecuarios salteños no encuentran un rumbo ni una estrategia que les permita canalizar eficazmente sus demandas estrechamente ligadas con su situación diferencial respecto de sus colegas del sur.
Pese a que el federalismo es una bandera clave para Salta y fundamental para nuestros agricultores, su planteamiento ante las autoridades y la opinión pública parce estar diluyéndose.
Otro tanto sucede con las demandas de calidad institucional, una exigencia que es requisito inexcusable para convertir a Salta en una potencia agropecuaria global y en un área de creciente equidad social.
Nuestros productores, que han adquirido un rol de actores políticos capaces de liderar un proceso de reformas, deberían reflexionar acerca de las condiciones imprescindibles para duplicar la producción, para invertir más y para elevar la productividad.
Vistas desde la política, esas condiciones incluyen, como no, las reformas que apunten a mejorar la calidad de nuestras instituciones sociales y de gobierno, tanto como las encaminadas a luchar contra la pobreza.
Nadie con un mínimo de visión estratégica puede pensar que la agricultura y la ganadería tienen en Salta un porvenir espléndido, si nuestra provincia no avanza hacia una democracia republicana eficaz y hacia metas de cohesión territorial y social que eliminen desigualdades entre pueblos y departamentos y que promuevan la integración de los excluidos.
No es política ni éticamente aceptable que las zonas agropecuarias más prósperas sean, además, las zonas donde los índices de pobreza son los más elevados.
Las Lajitas (en el departamento de Anta) es el mejor ejemplo de lo que hay que cambiar: Millares de hectáreas de alta rentabilidad coexisten con millares de pobres y excluidos.
En este contexto, las acciones de responsabilidad social empresaria que acaba de anunciar PROGRANO (entidad que agrupa a grandes y medianos productores locales), nos parecen una buena noticia.
Sn embargo, ni las dimensiones de esas acciones ni la naturaleza de las mismas resultan adecuadas a la envergadura del desafío: Enripiar calles, reparar ambulancias, equipar jardines de infantes o reemplazar la instalación eléctrica del hospital de la zona, esta bien. Pero no alcanza.
Los agricultores salteños que crean riqueza en zonas de elevada pobreza deben destinar más recursos, participar activadamente en la vida institucional de esos pueblos y diseñar acciones de integración que se singularicen por su eficacia, transparencia y desvinculación de las prácticas clientelares.
Sin polemizar con el Gobierno, tienen la oportunidad de demostrar que, además de producir soja, maíz y trigo en condiciones competitivas, son capaces de producir acciones de integración social que por su cantidad y calidad puedan servir de ejemplo para las políticas sociales públicas, abrumadas de rutina y electoralismo, y propias de quién quiere maquillar la lacra de la pobreza.