Los alcances de esta ‘guía’ no están del todo claros, puesto que si bien al comienzo del despacho oficial se habla de «escenarios naturales», más adelante se habla de que el proyecto regulatorio abarca también espacios «contratados» como museos, parques, clubes, bares, shopping, iglesias, escuelas u hoteles, sean estos establecimientos de titularidad pública o privada.
De ser así, el gobierno de Salta estaría interfiriendo en las potestades de la Iglesia, cuyas autoridades son las únicas legitimadas para decidir si en el interior de los templos se pueden filmar o no películas.
Del mismo modo, la imposición de un permiso gubernamental para rodar imágenes en bares, tiendas y hoteles de propiedad privada, comporta una irrazonable limitación administrativa al derecho de dominio, así como a la libertad contractual de los agentes privados.
La regulación propuesta por el gobierno solo es razonable en la medida en que comprenda espacios naturales protegidos, puesto que los espacios naturales, públicos o privados, que no disfruten de tal consideración, son por definición libres.
Dice el gobierno que el «protocolo» que se propone elaborar, sin una ley de la Legislatura que confiera marco legal al ejercicio de esta facultad, tiene por objetivo el de «facilitar el proceso y acortar los tiempos para desarrollar las realizaciones audiovisuales». Sin embargo, en la práctica, comporta una inadmisible intromisión en la libertad de los creadores y productores cinematográficos, así como una apreciable afectación a la competitividad de Salta en esta materia, pues de concretarse esta intervención administrativa, la mayoría de los directores y productores elegirán espacios y paisajes desregulados.
Que el gobierno establezca límites y ponga condiciones para el rodaje de películas en reservas naturales y espacios protegidos no parece malo de suyo. Pero no lo es tanto que las mismas restricciones afecten -como se ha dicho- a espacios públicos que no disfrutan de tal consideración. Menos aún, que tales restricciones se extiendan a la propiedad privada, ya que no existen en principio razones que justifiquen el ejercicio del llamado «poder de policía» ante una actividad cultural inocua, como es la captación de imágenes para una película.
En casi todo el mundo, los países compiten en base a incentivos fiscales y formación de recursos para atraer a las principales producciones. En Salta, en donde es notable la escasez de recursos humanos debidamente formados para la industria del cine, el gobierno se propone, además, penalizar el rodaje de películas estableciendo una serie de trámites administrativos que exceden notablemente el ámbito de la protección de las reservas naturales.
Curioso, sin dudas, es el hecho de que quien esté llevando adelante esta iniciativa sea el propio ministro encargado de promocionar el turismo en Salta, ya que este proyecto intervencionista, además de desalentar las producciones cinematográficas en suelo salteño, se erige en una seria amenaza al sector turístico.