El anuncio oficial del Ministerio de Seguridad del gobierno federal argentino afirma que de las más de 6.500 toneladas de cocaína que la autoridad ha incautado en todo el país durante 2018, la mitad (es decir, más de 3.250 toneladas) han sido intervenidas en la Provincia de Salta, territorio gobernado desde finales de 2007 por Juan Manuel Urtubey.
El contundente dato oficial ha levantado ampollas en Salta pero apenas si ha inquietado a su Gobernador -actual candidato a Presidente de la Nación- que, inasequible al desaliento, sigue adelante con su campaña, como si Salta, en vez de ser la provincia argentina más atravesada por el narcotráfico fuese algo así como el Estado vaticano.
Desde hace años, Urtubey viene echando balones afuera en esta materia. Su argumento favorito es que la lucha contra el narcotráfico es una competencia del Estado nacional. Pero nunca ha tenido el Gobernador de Salta palabras para explicar por qué Salta ha sido elegida por los criminales internacionales para desplegar en él complejas redes de tráfico de estupefacientes. Tampoco ha explicado nunca por qué motivo los policías provinciales son entrenados de forma puntillosa por la DEA (la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos).
Nunca ha habido, ni por parte de este Gobernador ni por parte del anterior, una explicación convincente de las razones que han convertido a Salta en un territorio especialmente propicio y atractivo para el desarrollo de esta actividad criminal.
El gobierno nacional lucha o dice que lucha. Pero ¿lo hace también el gobierno provincial o por el contrario sus políticas constituyen una forma sutil de invitación al forastero?
Urtubey, hoy candidato a presidir el país, se despide de Salta con las cifras de asesinatos de mujeres por las nubes, con una de las mayores tasas de pobreza y desempleo del país, con números escandalosos en educación, en seguridad y en salud pública, con el déficit de derechos y libertades más grande que ha conocido Salta en toda su historia independiente, y ahora, con las cifras de narcocriminalidad más preocupantes de todo el país.
Pero a él le da igual. No ha dado a esta realidad de su provincia la importancia que corresponde y los cálculos probabilísticos más optimistas indican que seguirá mirando para otro lado, en caso de que alcance su sueño de gobernar la Argentina.
Sea territorio de consumo, de elaboración o simplemente de paso, el que la Provincia de Salta sea hoy un caladero de la droga de dimensiones industriales es sumamente negativo para los salteños, pero es especialmente descalificador de quien los gobierna. Después de la revelación -brutalmente sincera, por cierto- de la ministra Bullrich, Urtubey no se puede ir de rositas. Tiene que enfrentar la situación, aparcar la frivolidad y decirle a todo el país qué parte de responsabilidad tiene su gobierno -el suyo, no el de otro- en este escandaloso crecimiento de la circulación de la droga en Salta.
Ya no podrá ampararse Urtubey en la falta de radares, de juzgados o de perros olisqueadores. Tendrá que decir por qué las redes de narcotráfico están enquistadas en la Provincia que él gobierna y cuáles son los incentivos o atractivos que los criminales encuentran aquí para convertir a Salta en su segunda casa.