Es muy común en Salta que para solucionar algún problema burocrático que podría resolverse con una simple llamada telefónica, se suscriban aparatosos convenios, muchos de los cuales adoptan la forma de autocontratos, al no tener las partes una personalidad jurídica diferente, lo cual sucede habitualmente cuando los que firman convenios son dos ministros del mismo gobierno.
El caso del convenio firmado hoy es ligeramente diferente, pues las partes que lo han suscrito también son diferentes: el Ministerio Público de la Defensa, por un lado, y el Ministerio de Seguridad provincial, por el otro.
Lo que llama la atención de los observadores es el objeto del convenio, pues lo que se ha acordado entre el señor Carlos Cayetano Oliver y la señora María Inés Diez Gubau es que la Policía de Salta, que dirige el primero, enviará los informes que le pida la segunda en formato digital.
De cumplirse tal cual como ha sido firmado -lo cual es siempre dudoso- los informes policiales dejarán de ser redactados a vuelamáquina en papel cebolla, con carbónico en copias ilegibles, sino que vendrán en PDF o algún formato documental de similar flexibilidad.
La noticia en cualquier caso es que la revolución digital ha llegado a las relaciones entre la Policía y los Defensores Públicos unos 30 años tarde, lo cual en Salta no sorprende a nadie.
Lo que sí sorprende es que un avance tan modesto y tan postergado en el tiempo sea objeto de un convenio, con focos, con periodistas, con firmas solemnes y ejemplares por triplicado. Habría bastado una simple llamada por teléfono y nos habríamos evitado -todos- el papelón.
Otro detalle curioso del convenio, que pone de relieve el nivel de atraso tecnológico de nuestra burocracia, es que las partes han acordado «colaborar mutuamente» en la asistencia técnica y la capacitación necesaria al personal, «para la puesta en marcha del sistema digital de comunicaciones entre ambos».
A estas alturas del baile, si un policía o un defensor oficial no vienen ya de fábrica con conocimientos suficientes para armar un PDF, usar un escáner, sacar una foto con el teléfono o enviar un correo electrónico, es que no deberían ni siquiera trabajar para el Estado.
Tan estúpido como la anterior, es la estipulación de que la Defensoría y el Ministerio de Seguridad «sólo permitirán el acceso a los datos y documentación que se intercambie a su personal autorizado, observando estrictas medidas de seguridad y control para evitar reproducciones no autorizadas de la información requerida». Es que ya solo faltaría que los documentos que integran los atestados penales anden circulando por los celulares de los particulares en los bares y en el Festival de la Chicha. Se supone que algo de confidencial tienen que tener estos papeles, y que debieron de tener antes, cuando se empleaban las Olivetti.