El artículo 184 del Código Penal argentino (reformado en junio de 2008 por la ley 26.388) castiga con la pena de tres meses a cuatro años de prisión a aquel que «alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños», cuando esta conducta afectara a sistemas informáticos «destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público».
Por su parte, el artículo 268 (1) del mismo código castiga con la pena prevista para el delito de cohecho (reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública) al funcionario que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
Finalmente, el artículo 157 bis reprime con la pena de prisión de un mes a dos años al que: 1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. 3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.
En estos casos, cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años.
La apariencia delictiva de la desaparición de los datos del ministerio que desde su creación y hasta el pasado 10 de diciembre estuvo a cargo del señor Carlos Abeleira, puesta de manifiesto en unas enfáticas declaraciones de una legisladora provincial, es motivo más que suficiente para que los fiscales penales de Salta abran una investigación preparatoria, sin necesidad de denuncia.
Desde luego, las responsabilidades que pueden llegar a determinarse en caso de que esta investigación finalmente se llevara a cabo, comprometen a altos cargos del mismo gobierno que, tras una maniobra de muy dudosa legalidad, sentó en el sillón de Procurador General de la Provincia a quien actualmente lo ocupa.
Si lo que de verdad interesa a este funcionario es la transparencia y la defensa de la legalidad, deberá dar instrucciones a sus subordinados de inmediato para que procedan a abrir estas diligencias, sin importarle los favores debidos a los posibles responsables de acciones tan indignas y tan perjudiciales para los derechos fundamentales de los ciudadanos, la salud pública, la protección de la infancia y los intereses del gobierno provincial.