Según el gobierno, las llamadas realizadas a este teléfono son atendidas por «psicólogos especializados en niñez y adolescencia» y dice que la comunicación entablada con este servicio sirve para «fortalecer desde su rol el ejercicio de ciudadanía de los usuarios, garantizando el derecho a opinar y ser oído, establecido en el artículo Nº 24 de la Ley 26.061».
La información del gobierno no dice, sin embargo, qué tratamiento se dará a las opiniones emitidas por los niños y adolescentes en sus comunicaciones con los «psicólogos especializados». Tampoco dice cómo se comprobará su identidad y su edad a fin de que sus manifestaciones sean consideradas como un ejercicio regular del derecho a opinar y a ser oídos. Menos todavía dice qué autoridad tienen los operadores del teléfono para considerar que el derecho de los niños y adolescentes a participar y expresar sus opiniones en los asuntos que les conciernan supone, efectivamente, que tales opiniones han sido «oídas» por un auténtico representante de los poderes públicos.
Esta falta de información esencial sobre los límites y las cualidades del servicio incluye el total silencio sobre la forma en que los operadores van a garantizar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas que se comuniquen con ellos, sobre el modo en que van a tratar los datos personales y sobre las soluciones que se proponen ofrecer. No se debe olvidar que el mismo gobierno que ha inaugurado el teléfono de protección a la infancia utiliza las cámaras de vídeovigilancia callejeras para publicar en las redes sociales y en medios de comunicación peleas de niños y de adolescentes, como si fuesen una atracción de feria.
Solo informa el gobierno que la línea 102 permanecerá activa para la atención de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas. Tampoco se aclaran las razones por las cuales la atención no es permanente.
Los sábados y domingos los «psicólogos especializados» descansarán y quienes tomarán el relevo serán los policías del sistema de emergencias 911, quienes sí atenderán durante las 24 horas.
Las llamadas son gratuitas y no consumen el saldo del teléfono celular. Eso sí, nada dice el gobierno acerca de que la llamada no aparecerá en la factura o que no quedará registrada en el log del propio teléfono, de modo que quien se anime a utilizar este servicio rogando por su absoluta confidencialidad, que sepa que la misma no está garantizada por el gobierno.