El Boletín Oficial de la Provincia de Salta ha publicado en su edición de ayer, día viernes 9 de noviembre de 2018, el texto de la ley provincial 8110, cuyo artículo 1º resuelve prorrogar por dos años, a partir de su vencimiento, la ley 7857, llamada de emergencia pública en materia social por violencia de género.
Se trata de la segunda prórroga de este régimen excepcional, que entró en vigor en diciembre de 2014, después de que la Legislatura provincial aprobara el texto legal original, que declaraba el estado de emergencia pública por violencia de género solo por dos años.
La extensión de los efectos de la declaración ha sido ignorada de un modo calculado por la mayoría de los medios de comunicación de la Provincia de Salta, no por otra razón de que la decisión de los poderes públicos provinciales supone la admisión implícita del fracaso de las medidas que se han venido adoptando bajo el paraguas de este régimen legal.
En efecto, durante los pasados cuatro años, las cifras de violencia criminal contra las mujeres en Salta han aumentado de modo significativo, sin que la declaración de emergencia haya tenido el más mínimo efecto sobre el descenso de las cifras, que han colocado a Salta a la cabeza de la más siniestra de las estadísticas nacionales.
Al contrario, durante los últimos cuatro años, la declaración de emergencia en materia de violencia de género ha servido para desarrollar un enorme aparato burocrático, controlado por activistas sin experiencia política, que reciben esta segunda prórroga con inocultable júbilo, pues se trata de la esperada confirmación de la continuidad de sus trabajos a sueldo del Estado.
Con su segunda prórroga, el estado de emergencia pública en materia social por violencia de género en Salta corre el riesgo de cronificarse hasta el punto de volverse completamente inútil, como lo ha hecho la emergencia económica, que con una puntualidad digna del calendario religioso se viene renovando en Salta desde hace casi treinta años, sin ningún resultado más significativo que la exoneración del Estado provincial del cumplimiento de importantes obligaciones respecto de sus proveedores.