La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha presentado el informe anual del Registro de Femicidios de la Justicia Argentina, correspondiente al año 2017, en el que la Provincia de Salta aparece a la cabeza del siniestro ranking de jurisdicciones en las que más mujeres son muertas violentamente.
Según el informe judicial, mientras la tasa media nacional de asesinatos es de 1,1 mujeres por cada 100.000 habitantes, la provincia de Salta, gobernada por Juan Manuel Urtubey, ha registrado casi el triple: 2,7 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes.
Las cifras provienen de los casos de asesinatos de mujeres que han llegado a conocimiento de los tribunales de justicia en todo el país, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, un periodo en el que el gobernador Urtubey anunció que había mejorado la mayoría de los indicadores sociales en su Provincia.
El informe de la CSJN es sumamente negativo para Salta, pero también negativo e inoportuno para la anunciada candidatura presidencial de Urtubey, quien en sus casi 11 años de gobierno ha visto cómo las cifras de mujeres muertas violentamente en la Provincia crecían sin parar, mientras que la única explicación que el mandatario ha intentado dar a este extraordinario aumento de la criminalidad contra un colectivo vulnerable está vinculada a «cuestiones culturales», que jamás ha logrado precisar ni probar.
Según la CSJN, la tasa de asesinatos de mujeres en la Argentina se ha mantenido estable entre 2016 y 2017, por lo que el hecho de que Salta encabece este año el ranking revela en cualquier caso que las políticas del gobierno provincial para lidiar con esta patología social no han dado los resultados esperados.
En Salta rige desde hace cuatro años una extravagante, pomposa e inútil declaración de emergencia social por violencia de género, que en la práctica no ha hecho sino agravar la indefensión de las mujeres frente a sus agresores. Ni la creación del discutido y sobreideologizado Observatorio sobre la Violencia Contra las Mujeres (convertido en una trinchera del peor feminismo vernáculo), ni la puesta en funcionamiento de juzgados y fiscalías especializadas han dado en el clavo. Tampoco ha tenido mayor impacto -probablemente por su mal uso- la proliferación de dispositivos electrónicos adquiridos por el gobierno para proteger a las mujeres (botones antipánico y brazaletes de localización electrónica).
A pesar de su ineficacia, el gobierno de Urtubey no ha abandonado ni por un minuto su estrategia de conquistar a las mujeres para su causa, que comenzó con el reparto de prebendas públicas (en forma de subsidios y de cargos rentados en la planta de la Administración del Estado) y que continuó con la sorpresiva derogación del decreto provincial que interponía obstáculos disuasorios al ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo en los casos previstos en el Código Penal. Llamativo es que esta última decisión no haya contado sino con una muy tibia oposición de la jerarquía católica local.
La publicación del informe de la Corte Suprema no hace sino confirmar que en Salta se están haciendo las cosas muy mal en esta materia y que el gobierno, lejos de darse cuenta de ello, intenta maquillar la situación para que la catástrofe no se lleve por delante la candidatura presidencial de Urtubey.
La difusión de las cifras oficiales de la justicia federal argentina ha hecho que opositores al Gobernador de Salta le recuerden la pésima actuación, suya personal y de su gobierno, en dos sonados casos: el de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, violadas y fusiladas en Salta, en julio de 2011, y el de las adolescentes salteñas Luján Peñalva y Yanina Nuesch, halladas muertas con signos de violencia en julio de 2012. Ambos casos se encuentran sin resolver, sin que el gobierno de Urtubey haya demostrado en todo este tiempo un especial interés en que se esclarezcan debidamente.
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