El gobierno español anuncia el retiro de su anteproyecto de reforma de la ley del aborto

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha confirmado hoy en Madrid la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, que había sido redactado por el Ministerio de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre pasado e impulsado políticamente por el titular de esta cartera, Alberto Ruiz Gallardón.

Rajoy ha explicado que el retiro de la iniciativa -que permanecía en el limbo a causa del fuerte rechazo de la oposición y de las fisuras internas en el gobernante Partido Popular- obedece a que el gobierno «no ha encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante».

La postura mayoritaria veía en el anteproyecto de Gallardón un retroceso de tres décadas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, ya que derogaba el sistema actual de plazos (el derecho de la mujer a decidir libremente si interrumpe su embarazo durante las primeras 14 semanas) y volvía al sistema de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, pero endureciéndolo.

Sin embargo, el punto de la reforma que más controversia había generado es el de la supresión del supuesto legal de aborto por malformación fetal, ya que, si bien no se eliminaba en la práctica la posibilidad de que una mujer embarazada de un feto inviable o con malformaciones abortara, se le obligaba a alegar otro motivo (el daño psicológico que sufriría ella) y se le imponía un procedimiento largo y complicado para acreditarlo.

En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año.

El presidente ha dicho que su gobierno «ha hecho el mayor de los esfuerzos para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles», pero reconoció -un poco tardíamente- que se trata de «un tema que afecta a convicciones profundas y personales de todos los ciudadanos».

Fuente: El Mundo y El País